La sentencia del silencio

Los enemigos del hombre son cuatro: el mundo, el demonio,  la carne y el ruido. El Tribunal Supremo acaba de refrendar una sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 2011 que condenaba a José Luis Fariñas, uno de los tres propietarios de la sala o pub Central Brunito por un delito ambiental y de lesiones. Central Brunito, sito en la localidad oscense de Fraga, armado y peligroso con música tonante, atormentaba de forma inmisericorde a los vecinos del inmueble, Jaime Serra y su esposa. Día tras día, los querellantes sufrieron los efectos estupefacientes de las melopeas del pub. Empezaron a sufrir trastornos psicológicos como fatiga crónica, déficit de sueño, estrés y un deseo irreprimible de derruir el tabernáculo del ruido. El pub se cerró en 2008, pero el matrimonio Collet todavía necesita medicación para dormir. Una vez que han ganado el caso, y con el chiringuito musical cerrado, los demandantes se apuntan a la generosidad y defienden un hipotético indulto parcial al único condenado (uno de los otros dos socios es el exalcalde de Fraga), para que la pena de cárcel se reduzca desde los cuatro años hasta los 18 meses.

La sentencia, como otras anteriores en Sevilla y Granada, indica que los tribunales se toman en serio el daño personal y colectivo que produce el ruido. Como España es uno de los países más estruendosos del planeta, donde se argumenta gritando, se circula en moto petardeando o en coche con altavoces sonando bacalao a pleno volumen y se celebran los triunfos futbolísticos con berridos colectivos estentóreos, la sentencia del Supremo promete un cambio social de cierta magnitud.

No obstante, el giro no está garantizado. Para prolongarlo y convertir el silencio o la conversación discreta en costumbre nacional, la autoridad en cada caso debería velar por bajar los decibelios en las tertulias de intelectuales tronados, poner en su justa cadencia las obras municipales de forma que no se acumulen los martillos neumáticos en una misma calle a la misma hora y multar con dos años de servicios sociales a todo vehículo que circule a 30 por hora con las ventanillas bajas y los altavoces a máxima potencia. Y de paso, que se sancione la contaminación acústica y retórica de las campañas electorales.