La zona euro ha entrado en recesión después de registrar dos trimestres, el segundo y tercero del año, de contracción del PIB (-02% y -0,1%, respectivamente). Se confirma así la tendencia general de la economía europea a la desaceleración. Los pronósticos para los próximos trimestres no son halagüeños; no se advierten razones para suponer que esta tendencia cambiará, puesto que siguen aplicándose políticas de ajuste drástico en los países con una notable inestabilidad en su deuda y se da la circunstancia añadida de que algunas economías, como las de España, Italia o Portugal, prolongarán su calvario particular durante varios trimestres.

La recesión europea, a la que se han sumado países tan aparentemente sólidos como Holanda y Austria, pone de nuevo en evidencia que las políticas de austeridad, sobre todo si sus objetivos se imponen para un periodo breve de tiempo, no resuelven los problemas que plantea la crisis. Por una parte, no reducen la inestabilidad financiera de los países implicados y, por otra, desincentivan las oportunidades de crecimiento de los países que entraron en recesión empujados, en parte, por una intensa restricción del crédito. Hay razones suficientes para suponer que la política de ajustes no va a resolver ni la recesión ni la crisis financiera, puesto que los mercados de deuda responden favorablemente más a las expectativas de crecimiento económico que a las reducciones rápidas del déficit o de la deuda.

El caso de España es un ejemplo perfecto de las limitaciones de las políticas de austeridad a cualquier precio. Después de aplicar los ajustes presupuestarios más duros desde 1976 y de recortar el gasto público en inversión, sanidad, educación, la economía sigue en recesión (-03% en el tercer trimestre de 2012), no se alcanzará el objetivo de déficit público para este año (de hecho, apenas se ha reducido sobre el de 2011), la prima de riesgo se ha enquistado entre 450 y 470 puntos —gracias, por cierto, a las declaraciones del BCE— y el desempleo rozará o llegará a los seis millones en el cuarto trimestre.

Y, como en Europa, tampoco hay expectativas de mejora a corto plazo. En contra de los mensajes oficiales, no hay brotes verdes ni luces al final del túnel; solo una probabilidad de contracción del PIB en 2013 superior en todo caso al 1% y, en congruencia con la debilidad del consumo y la inversión, un descenso constante de la afiliación a la Seguridad Social.

La cuestión es cuándo la situación del empleo y las finanzas públicas serán insostenibles y obligarán a cambiar la orientación de la política económica. La condescendencia del comisario Olli Rehn con el flagrante incumplimiento de los objetivos de déficit de España en 2012 y 2013 invita a pensar que, al menos, una parte del funcionariado económico europeo es consciente de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene razón y de que Europa necesita políticas que tengan en cuenta el crecimiento posible, además del ajuste obligado.