TRIBUNA

Una fiscalidad para salir de la crisis

En el siglo XXI es crucial la lucha contra los paraísos fiscales y la armonización global

En el otoño de 2012 y en la periferia europea nos encontramos con una situación verdaderamente complicada. Resumiendo: la crisis económica ha disparado los déficits públicos y esos déficits han encarecido la financiación, pública y privada, lo que agrava crisis y déficit; todo ello hace inevitables duras políticas de ajuste que profundizan en la crisis económica, la transforman en social, y no terminan de solucionar nada.

Si los recortes de gasto no consiguen tapar el agujero de las cuentas públicas —y sin taparlo no avanzamos— no queda más remedio que mirar el lado de los ingresos. Como no se van a recuperar solos en medio de este círculo vicioso, hay dos propuestas sobre la mesa: elevar la fiscalidad (los tipos de algunas figuras existentes o crear nuevos impuestos) o mejorar la lucha contra el fraude. En el caso del incremento de la presión fiscal “nominal”, la disyuntiva es parecida en todos los países: en un aumento progresivo que se centre en los agentes de mayor poder adquisitivo, la capacidad de recaudación puede verse afectada por el efecto de la propia crisis (hay menos beneficios o rentas altas que gravar) y además, si no hay coordinación internacional, puede jugar el efecto salida de capitales, pero un aumento de la presión a la clase media solo profundiza en la propia crisis. En el caso de la lucha contra el fraude fiscal ocurre algo parecido: o nos centramos en el pequeño fraude local o la presión a las grandes empresas, más allá de algún caso sonado, termina por no beneficiar ni a la recaudación ni a la propia actividad económica, dada la reacción de las empresas. Somos partidarios de un mejor reparto de los costes de la crisis a través de una fiscalidad más progresiva y de una lucha contra el fraude más eficaz, pero somos conscientes de los problemas de ambos esfuerzos, al menos a corto plazo.

El panorama dibujado ofrece, además, otra alternativa clara a las políticas seguidas hasta ahora con nulos resultados. Es la movilidad internacional de los grandes patrimonios y la artificiosa movilidad de los beneficios de las grandes empresas, abusando de los precios de transferencia la que erosiona la capacidad fiscal de los países. Un resultado adicional de la movilidad es el mayor incentivo a la competencia fiscal entre Gobiernos, lo que de nuevo en equilibrio reduce ingresos, aumenta la desigualdad y profundiza en los determinantes últimos de la crisis que padecemos. Porque el resultado de esa competencia fiscal es que países muy pequeños, que no temen represalias comerciales y no tienen servicios públicos que mantener, pueden llevar sus tipos impositivos al cero (lo que se conoce como paraísos fiscales), pero que más bien son la causa de los infiernos sociales que amenazan al mundo desarrollado.

El resultado de la competencia fiscal será todo lo indeseable que se quiera, pero no deja de ser un equilibrio; es decir, cuanto más nos esforcemos algunos en coordinar políticas “justas”, mayor será el incentivo de otros a desviarse y atraer con rebajas grandes “clientes”. No cabe el consenso en este tema, de la misma forma que no cabe relativizar su importancia (puede ampliarse la información sobre el tamaño de este agujero negro que amenaza a la economía mundial en muchas fuentes, como por ejemplo taxjustice.net). La cuestión, por tanto es qué hacer. Y la respuesta tiene que ser: todo lo posible y ya. Esto implica al menos tres tipos de actuaciones.

En primer lugar, mejorar el marco legal para dotarnos de mecanismos para perseguir los artificios contables que trasladan riqueza, renta y beneficios fuera del país sin el necesario cumplimiento de las obligaciones fiscales. No puede ser que empresas multinacionales maquillen sus cuentas para que todo el beneficio que realmente obtienen aquí tribute en otro país. Así mismo, la Administración debe analizar, para su aplicación, la normativa norteamericana FATCA que entra en vigor en un par de meses, por la que cualquier entidad financiera del mundo tiene la obligación de informar al fisco de EE UU sobre los movimientos de cuentas de ciudadanos estadounidenses, o le retendrán un 30% de todos los pagos que reciban de fuente americana.

Segundo, mejorar los mecanismos de coordinación con otros países de la Unión Europea y de la OCDE: cuantos más nos pongamos de acuerdo, más capacidad de luchar tendremos. No basta con firmar convenios incluso con paraísos fiscales y presumir de ello, como hace el Gobierno, o amenazar con que se acaba el secreto bancario; lo importante es que remitan de manera automática información para investigar el fraude sofisticado y eso no ocurre ahora. Sin una actitud activa del Gobierno pasará mucho tiempo hasta que esa información llegue a Hacienda, porque dichos países firman convenios para que no los señalen con el dedo, pero otra cosa es la colaboración sincera.

Por último, siempre hay lugar para acciones que tengan un papel ejemplarizante para la población. España está pendiente de aceptar (o no) la solicitud de extradición a Suiza de un empleado de banca (el caso Falciani) que posee información sobre muchos miles de clientes. De esa información varios países (entre ellos, España) ya han obtenido varios miles de millones de euros en multas y regularizaciones fiscales (Grecia en un futuro inmediato, gracias a la colaboración del periodista Kostas Vaxevanis). El secreto bancario no existe en España, con lo que su violación no está tipificada como delito. Más allá de la motivación de Falciani, su caso es revelador de la cuantía de las cifras que rodean este mundo; y, por supuesto, la decisión que tome el Gobierno revelará, tanto o más que muchas otras decisiones que está tomando. Claro que hay alternativa: gobernar es elegir.

La armonización fiscal internacional y la lucha contra los paraísos fiscales son temas cruciales en las sociedades del siglo XXI, por razones éticas, de defensa del Estado de derecho y sociales, pero también para salir de la crisis económica. En esa dirección, hemos propuesto la creación de una comisión en el Congreso para tratar específicamente la armonización y coordinación fiscal internacional y la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales.

Pedro Saura García es portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso y profesor de Análisis Económico en la Universidad de Murcia.

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