Crisis de confianza

El profundo malestar social incubado durante la crisis económica está derivando en un problema de confianza en el sistema político. Desvanecida la esperanza de que los recortes presupuestarios del Gobierno permitan enderezar el estado de la economía, se ha instalado la idea del agravio comparativo en el reparto de las cargas. Nueve ciudadanos de cada 10 están de acuerdo en que la crisis la pagan todos, menos los bancos y los más ricos, según el barómetro de Metroscopia publicado por EL PAÍS.

El temor al empobrecimiento y la debilidad de la política dan paso a graves premoniciones: de no mejorar la situación, la mayoría de encuestados considera probable que se hagan más frecuentes las manifestaciones masivas (91%), aumente la inseguridad ciudadana (84%), se produzcan protestas violentas (79%), asaltos a comercios (64%) o boicoteos a bancos (61%). Y aunque la mayoría cree en la ley, tres de cada 10 personas ya no lo ven como la barrera ante la que siempre hay que detenerse.

En consonancia con este estado de opinión, los dos principales partidos del arco parlamentario acusan un gravísimo desgaste. El PP pierde 14,7 puntos respecto de las legislativas de 2011 y experimenta una brusca caída en la fidelidad de sus votantes. Si hace un año el 90% de quien le habían votado declaraba que repetiría, ahora solo lo haría el 51%. El PSOE, mientras tanto, sigue hundiéndose: con 4,5 puntos menos que en las últimas legislativas, obtendría ahora el peor resultado de su historia y lo que es peor, solo el 41% de quienes le votaron dice estar dispuesto a hacerlo de nuevo.

Que el 77% de los ciudadanos comparta los argumentos de los que se manifestaron en las cercanías del Congreso de los Diputados no implica una voluntad masiva de ocupar las calles, pero tampoco desautoriza a los que lo hacen. Queda claro que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cometió otro error al suponer que la “mayoría silenciosa” está en contra de las manifestaciones del 25-S o que las críticas al Ejecutivo son minoritarias. El Gobierno, que ha esgrimido la defensa del Congreso para justificar la actuación policial en el 25-S, continúa ninguneando al Parlamento cuando abusa de la técnica del decreto ley y usa su mayoría absoluta para evitar las comparecencias del jefe del Ejecutivo o hurtar debates importantes a la Cámara.

Esas prácticas traban el buen funcionamiento de la democracia parlamentaria en beneficio de un presidencialismo del que no se ven los frutos, y atacan un principio básico: la calle no puede sustituir a las instituciones. Los españoles, a los que ya no da miedo reformar la Constitución, lamentan que los principales partidos no quieran volver al método basado en el pacto y la transacción propio del periodo de la Transición. La situación lo exige. El entendimiento y la búsqueda consensuada de soluciones es la única esperanza que le queda a la mayoría silenciosa para encontrar una salida del túnel y repartir más equitativamente las cargas, precisamente la vía no ensayada durante la crisis.