Más seguridad aérea

La coincidencia entre el sobreseimiento de la causa penal abierta por el accidente de Spanair ocurrido en Barajas en 2008, en el que fallecieron 154 personas, y la polémica que enfrenta a las autoridades españolas con la aerolínea de bajo coste Ryanair, ha hecho aflorar incertidumbres sobre la seguridad aérea que deben ser despejadas con urgencia.

En el caso del accidente de Spanair, la Audiencia de Madrid ha exculpado a los dos mecánicos que atendieron una avería menor antes del fatídico vuelo, al acreditarse que esta no influyó en las causas del desplome. La investigación judicial ha establecido que el accidente se produjo por una combinación de error humano y fallo técnico. Los pilotos olvidaron desplegar los alerones que facilitan que el avión se eleve en el despegue y ese olvido no fue advertido porque falló el mecanismo de alerta. No habiendo personas vivas a las que imputar ese error, queda por aclarar por qué falló el mecanismo de alerta y si deberían tomarse medidas al respecto, pues ese mismo fallo se ha producido otras veces en ese modelo de avión y ha sido además la causa de otro accidente en el que también murieron 154 personas.

En el caso de Ryanair, las autoridades irlandesas han certificado que la compañía cumple con las exigencias legales en cuanto a la cantidad de combustible con la que debe volar; pero el informe emitido, lejos de despejar las dudas, las aumenta, pues recomienda revisar esos mínimos. Se lo aconseja a la compañía, que en los últimos meses ha solicitado varias veces aterrizaje preferente o de emergencia por falta de combustible, pero también a las autoridades aeroportuarias españolas, puesto que algunos aeropuertos, como el de Barajas, sufren frecuentes situaciones de congestión aérea.

Ryanair alega que es objeto de una campaña de desprestigio por razones comerciales y asegura que sus vuelos no sufren más incidencias que los de otras compañías. Podría ser, pero no es evidente puesto que esos datos son confidenciales y solo los tienen las propias compañías. La seguridad de los ciudadanos debe estar por encima de los intereses económicos y las guerras comerciales. Deberían modificarse los límites sobre combustible y arbitrarse un sistema independiente y transparente que permita conocer el nivel de incidentes de cada compañía, para prevenir que alguna, por razones de ahorro, se sitúe en posiciones de riesgo.