Diálogo en Cataluña

La reivindicación de Cataluña como un nuevo “Estado de Europa”, sostenida por cientos de miles de personas en las calles de Barcelona el pasado 11 de septiembre, constituye una fuerte expresión pública de desconfianza hacia el resto de España y abre una seria crisis Política. Toca a las instituciones y a la política, esta vez con mayúsculas, buscar serenamente las soluciones al problema planteado, partiendo de la base del imposible encaje constitucional de una secesión y de la necesidad de buscar otras respuestas. La primera oportunidad para comenzar a intentarlo es la entrevista entre el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, prevista para el jueves próximo en Madrid.

Mas ha evolucionado rápidamente desde la reivindicación del pacto fiscal, con la que ganó las elecciones, al anuncio de su voluntad de construir un Estado para Cataluña y de someterlo a consulta popular. Toma así la iniciativa respecto a Rajoy, que solo estaba dispuesto a confirmar la ayuda de su Gobierno para el pago de la deuda que asfixia a esa comunidad. El giro de Mas le desvela como un dirigente que se ve a sí mismo a la cabeza de una “transición nacional” en Cataluña, como quedó claro el viernes pasado al postularse para liderar un proceso independentista ante los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana, promotora de la marcha de la Diada. Todo ello cuando el propio líder catalán ha convocado a las diputaciones, todas en manos de CiU, con la finalidad de preparar una Hacienda catalana, dentro de su plan de levantar instituciones propias de un Estado para Cataluña. La deriva de Mas es descabellada, pues deposita toda su acción política en un “clamor del pueblo” siempre imposible de concretar si se dejan de lado las instituciones y los procedimientos propios de una democracia representativa.

Los políticos han de tener en cuenta los sentimientos expresados en la calle, pero ningún dirigente de un país civilizado y democrático puede considerar la Constitución y el Estado de derecho como papel mojado o meras formalidades. Asombra que Mas se refiera como una “jaula” a la Constitución que mayores cotas de libertad y democracia ha producido en España, Cataluña incluida. No yerra cuando dice que la Constitución se puede superar y que no es una ley “para siempre”, pero olvida que el sujeto constituyente es el pueblo español, no solo el conjunto de los catalanes. Por eso resultaría inaceptable desde el punto de vista democrático cualquier intento de provocar el trauma a base de hechos consumados, como sugiere el unilateralismo apuntado desde CiU.

Tales planteamientos coinciden con la crisis, que ha debilitado al conjunto de España, y con la existencia de sectores ideológicos, sobre todo de derechas, que llevan tiempo tratando de desacreditar el sistema autonómico, lo cual puede restar argumentos al Gobierno a la hora de hacer valer la Constitución como valladar frente al aventurerismo y como marco de soluciones. La existencia de un régimen fiscal propio para el País Vasco y Navarra, en el que Cataluña se mira, complica también la evolución de España hacia un modelo federal, la opción, mucho más sensata, a la que parecen acogerse los socialistas de Cataluña.

A nadie conviene una crisis secesionista en plena Eurozona, que ha visto la caída de muchos Gobiernos, pero, hasta ahora, de ningún Estado. Lo último que deben hacer los políticos es exacerbar los sentimientos de frustración que buena parte de la opinión pública catalana pueda albergar respecto de la española, y viceversa. Y hay que poner coto a la presentación de este conflicto como el divorcio de una pareja. Nos lo jugamos todo a que la racionalidad se imponga, y a que el diálogo y el respeto democráticos predominen sobre desbordamientos oportunistas.