Sin presente ni futuro

Casi dos millones de jóvenes españoles entre los 15 y los 29 años ni estudian ni trabajan. Son los llamados ninis. La cifra —1,9 millones exactamente— la recoge un reciente informe de la OCDE (Panorama de la educación 2012) y corresponde al año 2010, por lo que no es arriesgado suponer que la situación ha empeorado. Es una foto fija, en todo caso, que evidencia, además de los fallos del mercado laboral, las lagunas que todavía sufre el sistema educativo español y que el proyecto de ley que prepara el Gobierno solo aborda tangencialmente.

La tasa oficial de paro juvenil en España es del 53,28%, un porcentaje que, en Europa, solo es similar al de Grecia. Que la proporción de los que tampoco cursan ningún estudio sea, sin embargo, muy superior indica que aquí hay deficiencias educativas que es urgente corregir. Una de ellas es la escasa implantación de la Formación Profesional. La otra es un sistema adecuado de coordinación entre la escuela y la empresa que facilite el tránsito hacia el mercado de trabajo. Según el informe, una mayor participación en la Formación Profesional suele ir acompañada de una menor inactividad entre los jóvenes. Pues bien, España es, junto a Turquía, el país con menor porcentaje de diplomados en Formación Profesional de la OCDE. A ello se suman las dificultades de enganche que tienen los jóvenes una vez que dejaron los estudios en un país que, aun con mejoras, sigue exhibiendo un triste récord en abandono escolar.

Las reformas que prevé el borrador de la llamada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa apenas si van a tener incidencia en este problema. El proyecto recoge fundamentalmente cambios de corte político con una clara tendencia a la recentralización de la enseñanza. El refuerzo en Lengua, Matemáticas y Ciencias está contenido y era una necesidad. Respecto a la Formación Profesional, incorpora un nuevo ciclo temprano, pero en el que persiste ese escollo de la dificultad de reengancharse. Volver al sistema de reválidas y adelantar la edad en la que los estudiantes deben elegir es una opción polémica que no garantiza la mejora de la calidad educativa, seriamente amenazada por los recortes dictados por este mismo Gobierno. Mientras en Francia se libera al sistema educativo de los ajustes del gasto público y se trabaja por contratar a 60.000 nuevos profesionales en los próximos cinco años, aquí se ha aplicado la tijera sin tener en cuenta que la educación es, fundamentalmente, una inversión productiva de la que depende la competitividad del país.

El alto porcentaje de ninis registrados en España coincide con la creciente huida de ciudadanos hacia otros países (40.625 en el primer semestre de este año; un 44,2% más que en el mismo periodo del año anterior), lo que supone, en parte, perder los beneficios de la inversión que España hizo en ellos. La descapitalización es evidente y la falta de alternativas, dramática.