La reforma financiera que el Gobierno tenía previsto difundir tras el pasado Consejo de Ministros no cuenta con la aprobación de Bruselas. El obstáculo más importante es la solución que se pretende adoptar para el problema de las participaciones preferentes emitidas por entidades bancarias que necesitan ayuda pública. La reforma se enmarca en las exigencias impuestas por las autoridades comunitarias para la concesión de una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar el sistema bancario español. El memorando que define las condiciones del rescate exige que se minimice del coste publico del salvamento. Es decir, que los accionistas y acreedores de las entidades objeto de asistencia financiera soporten las pérdidas correspondientes antes de recibir fondos de los contribuyentes europeos. Y esa regla sería de aplicación a los inversores en participaciones preferentes.

Esos instrumentos fueron utilizados por las entidades bancarias para obtener recursos, en sustitución o como complemento a la captación de depósitos convencionales. Su comercialización extensiva, especialmente entre clientes individuales, propios del negocio minorista, no siempre se llevó a cabo con la suficiente transparencia ni se garantizó en todos los casos que quienes lo suscribían tuvieran un conocimiento cabal de su naturaleza.

Aunque en los contratos figurara la información formalmente requerida sobre los riesgos asociados, lo cierto es que en muchos casos los comercializadores bancarios no advirtieron suficientemente de la erosión que eventualmente podía sufrir el valor del producto.

Son numerosos los pequeños ahorradores atrapados en ese tipo de instrumento, que ahora comprueban cómo el dinero invertido ha perdido gran parte de su valor. Bruselas no admite que se compensen más allá de lo que establece el mercado. El conflicto entre la defensa de los consumidores, en ese caso de los pequeños ahorradores, y la exigencia comunitaria de que los inversores compartan las pérdidas, amenaza con añadir tensiones a las ya observadas en algunas entidades, como es el caso de las que han sido nacionalizadas.

El Gobierno se enfrenta a un conflicto importante. Con independencia de que en el decreto de la reforma se establezcan nuevas condiciones de comercialización para este tipo de productos, diferenciando por ejemplo entre clientes individuales e institucionales, habrá que ofrecer a quienes ya poseen participaciones preferentes una forma de compensación compatible con las exigencias de Bruselas. No es un asunto fácil. En ausencia de acuerdos bilaterales, en los que el canje por otros instrumentos puede ser la vía más recurrida, la judicialización generalizada puede acabar enrareciendo la ya muy deteriorada confianza en el sistema bancario español. Conviene por tanto que, junto a la nueva reforma financiera, el Gobierno desvele los criterios para encauzar la solución de un problema que es algo más que un coletazo de la crisis bancaria española.