Condiciones pendientes

El Gobierno de Mariano Rajoy tendrá que presentar durante este mes, probablemente en el Consejo de Ministros del próximo día 24, las normas legales que regularán el rescate bancario financiado por Europa con una línea de hasta 100.000 millones. Las exigencias de Bruselas contenidas en el memorando del rescate obligan al equipo económico de Rajoy a tomar medidas dolorosas, tanto en términos de ajuste económico como de cambios legales para imponer la asunción de pérdidas y quitas a los acreedores de bancos y cajas rescatados. Esas pérdidas afectarán, con un ritmo y calendario dispar, a los accionistas, a los suscriptores de deuda subordinada y a los tenedores de preferentes. Por estas razones, existe el riesgo de un conflicto grave entre el Gobierno y los acreedores de las entidades rescatadas que pierdan todo o parte del dinero invertido.

España apenas cumple con una parte de las condiciones pactadas en el Memorando de Entendimiento —Memorandum of Understanding (MOU)— del rescate aprobado por Europa. De los seis grandes grupos de exigencias europeas, el Gobierno de Rajoy solo ha cerrado uno: la subida del IVA y la supresión de la desgravación fiscal por vivienda. La reducción del déficit sigue pendiente (y, por lo que se conoce hasta mediados de 2012, sin grandes progresos); la consolidación del sistema bancario está en marcha, con el conflicto en ciernes mencionado y pasará una prueba importante en el próximo Consejo de Ministros. De la nueva reforma del mercado laboral, de las medidas para impulsar el empleo juvenil, del problema del déficit de tarifa eléctrica o de la implantación rápida del retraso en la edad de jubilación no se tienen noticias hasta el momento.

El Gobierno se juega mucho en la regulación legal de las condiciones financieras del rescate bancario. En primer lugar, porque tiene que definir un modelo de banco malo, la entidad que acogerá los activos inmobiliarios de los bancos rescatados. Pero, sobre todo, porque está obligado a promover los cambios legales necesarios para permitir la imposición de pérdidas a los bonos subordinados y a las preferentes. Una de las condiciones imperativas del rescate es que los accionistas y acreedores de los bancos rescatados asuman las pérdidas provocadas por el déficit patrimonial de las entidades. En España, quienes sufrirán las pérdidas de sus bonos o preferentes son sobre todo inversores minoritarios y familias. Con el agravante de que muchos compradores españoles de preferentes fueron mal informados, y en algunos casos engañados, de forma que existe un número importante de demandas judiciales que complicarán la solución del conflicto.

No parece que el Gobierno sea consciente de la complejidad de la situación. Cualquier obligación de asumir pérdidas implica retroactividad, que puede ser contestada o rechazada. Del acierto con que se resuelva este problema dependerá el grado de credibilidad del Gobierno cuando presente la petición de rescate suave ante el Fondo de Estabilidad Financiera.