Salud sin papeles

El Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas que los inmigrantes sin permiso de residencia, excluidos de la asistencia sanitaria pública en virtud de un decreto reciente, podrán recuperarla pagando una especie de seguro de unos 60 euros al mes para personas de entre 18 y 65 años y de unos 155 euros para mayores de esa edad. La medida ha sido rechazada por colectivos médicos y varias autonomías, que temen el desmantelamiento del actual modelo sanitario, universal y gratuito.

Una consecuencia de esa universalidad ha sido hasta ahora la consideración de la asistencia sanitaria como un derecho de la persona, no condicionado por situaciones más o menos transitorias, como la de carecer de papeles. Esto es lo que ahora se ve amenazado, en el marco de los ajustes emprendidos por el Gobierno. No es discutible la necesidad de reducir el gasto sanitario, con independencia de la actual crisis, pero sí los métodos que se empleen.

Desde mediados de la pasada década existían dudas sobre la sostenibilidad de un sistema cuyo coste crecía aceleradamente. La magnitud de la población asistida aumentó también por la inmigración masiva a partir del cambio de siglo. Pero prueba de que no se trataba solo de eso es que, en el periodo 2004-05, frente a un incremento de la población asistida del 3,2%, los costes del sistema subieron un 22%. Había por tanto que recortar, pero siempre se trazó una línea roja: se haría sin renunciar a la universalidad y gratuidad. La exclusión de los sin papeles es el primer paso para romper ese principio, y la propuesta de paliarla mediante el pago de una cuota, un indicio de los criterios que se van a seguir. El hecho de que la cantidad sea más elevada para los mayores de 65 años refleja una mentalidad mercantil: que pague más, no quien más tenga, sino quien más asistencia reciba (y necesite).

Se argumenta que esas cuotas están muy por debajo del coste medio de la asistencia, y que la diferencia será cubierta por la Administración. Pero eso es algo que ocurre en muchos servicios públicos. De lo que se trata es de determinar si el ahorro que pueda conseguirse justifica establecer esa discriminación contra los más débiles, inmigrantes sin empleo. Está por ver, además, qué sucede con los sin papeles que padecen enfermades crónicas y no puedan satisfacer la cuota.

Estudios realizados la pasada década demostraron que los inmigrantes recurren a la sanidad en mucha menor medida que los nacionales, y que lo que cotizan cuando tienen trabajo compensa con creces el coste de la asistencia. Muchos irregulares de hoy serán trabajadores regulares un día y entre tanto deberían tener derecho a asistencia. Por razones humanitarias o por deontología médica: un sistema público de salud no puede regirse unicamente por criterios mercantiles. Para los que no puedan acogerse a la fórmula sólo quedará la exclusión y la discriminación. Y un riesgo adicional para la salud pública: un país civilizado no puede tolerar bolsas de población fuera del control sanitario.