He leído con estupor la carta que la secretaria general de Sanidad ha enviado a la asociación de consumidores FACUA intentando amordazarla en su lucha contra los recortes sociales. Esta actitud del ministerio, a todas luces anticonstitucional, es el fiel reflejo de cómo el PP pretende acabar con el Estado social, esto es, el Estado que fortaleciendo servicios y derechos esenciales nos permite como ciudadanos mantener unas condiciones de vida que nos dignifican como miembros de la sociedad y con las que contribuimos a su engrandecimiento. Esas condiciones (educación, salud, asistencia sanitaria, acceso al trabajo y a la vivienda…) se están empezando a ver comprometidas con la agresiva, ampliada y, parece que sostenida en el tiempo, política de recortes del Gobierno. Si de por sí esta situación es suficientemente grave, con consecuencias que afectan ya a millones de españoles, el ministerio pretende ahora dar la puntilla a ese otro derecho, el de la participación social, el derecho de los ciudadanos a organizarse para reclamar y defender sus derechos, en este caso, como consumidores. Cito a Juan Cruz en su columna publicada en EL PAÍS del pasado domingo: “Los Gobiernos son elegidos para organizar la economía, la sanidad, la educación, para aportar acomodo (o bienestar) a los ciudadanos. Para lo que no son elegidos los Gobiernos es para organizar la información, para decidir quién dice qué y cómo, e incluso cuándo”. Pues eso, que no nos quiten la voz.— Antonio P. Ferrer.