TRIBUNA

Negar la educación

En la reforma que se plantea, hasta el momento, no hemos visto sino imprudencia, precipitación y una pavorosa falta de sentido común

Desde hace meses, muchos meses ya, nuestras vidas están a merced de los mercados. Es imposible abrir la prensa, encender la radio o la televisión, mantener una conversación incluso, sin oír hablar de recortes y despidos, de supresión de derechos sociales, de pérdida de civilización, en suma.

Entre tanto, intentamos educar a nuestros hijos a pesar de —o contra— esto. Y confiamos en que si aún queda un espacio de resistencia frente a los poderes financieros ese ha de ser el de la escuela. ¿Cómo imaginar entonces que la reforma del sistema educativo consista en hacer de estos grilletes sus cimientos? ¿Cómo reducir la educación a “motor que promueve la competitividad de la economía?”

Este vocabulario de guerra (“mercado”, “competitividad”, “éxito”, “arena internacional”) impregna cada una de las páginas del borrador del anteproyecto de ley, presentado hace unos días. Ni una sola vez se mencionan aquellas palabras que hasta ahora trazaban el horizonte de todo proyecto educativo: “democracia”, “ciudadanía”, “cooperación”, “diálogo”, “pensamiento crítico”. “Cultura”.

Tan inquietante como este objetivo es el camino previsto para alcanzarlo: el reconocimiento de la diversidad del alumnado como requisito para “canalizar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus fortalezas, de forma que (...) se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad.”. Niños y niñas no son ya otra cosa en la futura ley de educación que mano de obra y nada más.

Es verdad que unos y otros tenemos talentos diversos y que la escuela no ha estado abierta hasta el momento más que a los perfiles de quienes se ajustaban a la escuela de antaño. Creíamos que al fin era el momento de abrirla a las artes, a la investigación, a la creatividad; a otras formas de aprender, cooperativas e interdisciplinarias. Pero no: no se trata de abrir, ensanchar, incluir. Se trata más bien de amputar, de mutilar, de segregar. De reducir materias – y “detectar las prioritarias”-; y de excluir alumnos y derivarlos, ¡desde los 12 años!, a “otras vías”.

Niños y niñas no son ya otra cosa en la futura ley de educación que mano de obra y nada más

¿Cómo se va a llevar todo esto a cabo? Recuperando “la cultura de la evaluación”. Para un estudiante esto será, a buen seguro, un sarcasmo. Quien señala que la selectividad "no funciona porque la aprueba el 94% de los alumnos", ignorando que esos alumnos acaban de superar todas las pruebas de evaluación de un costosísimo segundo de bachillerato, está despreciando de un plumazo el trabajo de docentes y estudiantes. Las razones por las que la selectividad no funciona son otras, y haría bien el ministro en escuchar a la comunidad educativa para conocerlas.

Pero lo que se quiere implantar ahora es un sistema de reválida que evalúe exclusivamente lo que la OCDE tiene en cuenta: aquellos aprendizajes imprescindibles para ser un trabajador versátil y sumiso. Parecemos olvidar a veces que la educación, como ya dijera Neil Postman, ha de ayudarnos no solo a ganarnos la vida, sino también a construirnos la vida, individual y colectivamente.

Dos consecuencias inmediatas tiene esta “cultura de la evaluación”. Una, que lo que PISA no evalúa no tiene ya legitimidad académica. Por eso el ministro se permite hablar incluso de “asignaturas que distraen.” ¿Pero de qué distraen? Si queremos ayudar desde la escuela a desarrollar el talento que cada persona encierra, mal camino llevamos enarbolando las tijeras de podar. La manera de combatir la excesiva fragmentación del currículo no es “suprimir las optativas”, “especializar los centros”, “racionalizar la oferta”. De lo que se trata es de apostar por un aprendizaje por proyectos que ayude a integrar, a establecer vínculos, a conciliar las distintas miradas que la ciencia y el arte ofrecen sobre los problemas esenciales de la condición humana, del mundo que habitamos.

Causa estupor leer que “los alumnos españoles tienen más horas de clase en total, pero menos horas de clase en lectura y matemáticas que sus compañeros de la OCDE.” Pero, ¿no habíamos quedado en que enseñar a leer es una tarea conjunta de todo el profesorado, puesto que aprender a leer significa aprender a leer diferentes tipos de textos, también los específicos de cada una de las ramas del saber? ¿Y qué pasa en cambio con la oralidad, siempre extramuros de la escuela? Tanto empeño en preparar alumnos “excelentes” y olvidamos que para ser un buen médico hace falta también saber escuchar...

La segunda consecuencia tiene que ver con el para qué de tanta reválida. Una reválida que tiene como único objetivo premiar o castigar al examinando con su apto o no apto (examinando que se habrá examinado ya una y mil veces a lo largo del curso, pero de cuyos examinadores el Ministerio al parecer desconfía). Evaluar es otra cosa: es detectar —a tiempo— qué está funcionando y qué no para poner remedio temprano a los problemas.

No es este el caso. La administración se lava públicamente las manos de cualquier responsabilidad en el proceso: “El principal objetivo de esta reforma es mejorar la calidad educativa partiendo de la premisa de que esta debe medirse en función del output (resultados de los estudiantes) y no del input (niveles de inversión, número de profesores, número de colegios, etc.)”. Para dar —añadimos nosotros— más complementos de hierro a quien más hierro tiene. Esto es, sencillamente, hacer dejación de la responsabilidad de educar. Negar la educación.

Ojalá fuera cierto, como rezaba la nota de prensa con que fue presentada, que la reforma que se plantea pretende ser gradualista, prudente y basada en el sentido común”. Habremos de confesar que hasta el momento no hemos visto sino imprudencia, precipitación y una pavorosa falta de sentido común. Confiamos en que sea cierta la voluntad de diálogo con la comunidad educativa, porque una Ley de Educación no debiera aprobarse, pese a lo afirmado por José Ignacio Wert en el Campus FAES 2012, con consenso o sin consenso y además contrarreloj.

Y mientras tanto, sigamos hablándoles a nuestros jóvenes de la necesidad de “incentivar el esfuerzo” mientras nos peleamos en público por instalar Eurovegas a la vuelta de la esquina.

Frenemos esto. Todo esto.

Guadalupe Jover es profesora de educación secundaria y socia de Ciudadan@s por la Educación Pública.

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