EDITORIAL

Presión insostenible

La inhibición del BCE carece de razones sólidas y solo se explica como una estrategia de castigo

España e Italia están tomando decisiones drásticas en una situación límite, con las variables financieras en zona de intervención (la prima de riesgo española superó ayer los 640 puntos y el bono a 10 años el 7,5%), en medio de una desconfianza profunda de los mercados hacia la gestión de la crisis y con una política de las autoridades financieras europeas, en particular del BCE, hacia España que bien puede calificarse como de castigo premeditado. Italia y España decidieron cortar ayer la especulación que opera contra sus activos bursátiles prohibiendo las operaciones a corto (jugar, con acciones prestadas, al descenso del precio de una acción para recomprarla más barata y percibir la plusvalía) que estaban hundiendo las Bolsas y causando una situación próxima al pánico. En ambos casos (Italia las ha prohibido durante una semana y España hasta el 23 de octubre) la decisión es correcta y debería calmar la presión salvaje sobre los activos bancarios de ambos países.

La decisión de Madrid y Roma solo es un remiendo de urgencia. La presión sobre la deuda española alcanza niveles insostenibles que podrían llevar a los activos del Tesoro fuera del mercado a corto plazo. Los inversores han perdido la confianza en la gestión económica; el anuncio de nuevos ajustes presupuestarios y subidas de impuestos, incluso aunque tengan sentido estratégico como el último —expuesto con notable impericia por el Gobierno—, no surte el efecto esperado en los mercados. No es que los inversores se comporten de manera irracional, como sostiene el ministro de Economía, Luis de Guindos; sencillamente no confían y apuestan contra el euro. En esta situación angustiosa, cuando la política económica inspirada desde Bruselas y el FMI está fracasando, resulta sorprendente y nociva la resistencia del BCE a intervenir en el mercado secundario.

La argumentación formal del presidente del BCE es que el banco no está para resolver los problemas financieros de los países de la zona. El objetivo del banco, repite Draghi, es el control de la inflación. Pero si esa fuera la función principal del BCE, no se entiende su papel director en los rescates bancarios nacionales y tampoco serían de recibo sus sermones sobre la austeridad de los demás. Los razonamientos son tan débiles que solo pueden interpretarse como malos pretextos. O bien el BCE no interviene porque la presión de los países contrarios a la intervención es más poderosa que la defensa de la moneda común, o bien porque la inhibición forma parte de una estrategia de castigo a los países con elevadas tasas de endeudamiento y déficit mientras no se aprecien signos de mejora en sus variables financieras. Si el banco considera que la decisión de intervenir corresponde a las instituciones europeas, ya deberían estar convocadas para instar la intervención.

La respuesta más probable está entre las opciones primera y segunda. Si ese es el caso, el juego es extremadamente peligroso. Porque existe el riesgo, como debería saber Draghi, de una parada súbita de la financiación de un país, un momento en el que la demanda de activos de ese país es cero o próximo a cero. En ese momento, la deuda queda fuera del mercado y el país debe ser intervenido o cae en impago.

La economía española no puede responder, por sí sola, a la primera condición para recuperar el crecimiento, que es estabilizar el diferencial de la deuda. La recesión se está agravando, como recordó ayer el Banco de España con su pronóstico de que el PIB se contrajo durante el segundo trimestre en el 0,4%, el -1% en términos interanuales. Todo ello aumentará la desconfianza en la deuda, la presión de los mercados y la urgencia de una intervención, sea la del BCE, que es la inmediatamente posible, o la de los fondos de rescate europeo.

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