El Gobierno de Rajoy se ha visto sorprendido por el hecho de que los duros ajustes aprobados no hayan generado confianza en los mercados. Sin duda la acción urgente del BCE resulta indispensable para que la cuarta economía de la eurozona pueda financiarse a costes sostenibles, pero esa urgencia no puede obviar otra. La de dar respuesta a la sorpresa e indignación de una parte de la ciudadanía a la que el Ejecutivo no ha preparado como debería para entender que la salida de la crisis exige fuertes sacrificios, sin los cuales España no tiene futuro alguno. Tampoco le ha detallado sus opciones a la hora de repartir las cargas. El clamoroso déficit de explicaciones se salda con la peligrosa idea que buena parte de la calle ha retenido de cuanto está ocurriendo: que esto es, sencillamente, “un atraco”. Lo que está ocurriendo es extraordinariamente duro, pero desde luego no es un atraco.

Refugiado en el silencio y el secreto, el Gobierno tampoco ha aceptado la oferta de pacto realizada por el líder del principal partido de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Rajoy ha reconocido la imposibilidad de que el Gobierno saque a España de la crisis en solitario, pero no ha aceptado la mano tendida del PSOE, ni la llamada al diálogo de grupos como CiU. A su vez, la oposición tampoco ha entendido que esta crisis impone una estrategia económica con muy poco margen de maniobra y que se habrán de tomar medidas aún más complicadas en el futuro no muy lejano —sobre pensiones, empleo público y tamaño de las Administraciones, entre otras cosas— que exigirán nuevos esfuerzos. Para ello se necesita de verdad su concurso, no solo para figurar como copaladines de la defensa de España en Europa.

En todo caso, al presidente le toca convocar a las principales fuerzas políticas para buscar estos consensos. A diferencia de los Pactos de la Moncloa en la Transición, favorecidos por el objetivo de salir de la dictadura, cualquier diálogo se ve dificultado ahora por el clima de desconfianza acumulado. Pero todos saldrán perdiendo si no llegan a un consenso sobre cómo repartir los costes de la crisis y cómo combinar rigor e iniciativas de crecimiento; cómo moverse en la UE; y cómo impedir que la indignación en las calles se desborde. El déficit de explicación de las medidas tomadas y la ocultación de los documentos del rescate bancario son combustible que puede alimentar el incendio ciudadano.

En paralelo a estos trabajos hercúleos, España no puede resignarse a convivir con el aumento de un paro insoportable (la previsión es del 24% para 2013). La lógica invita a pensar que la patronal y los sindicatos también deberían ser convocados a la búsqueda de consensos. Pero nada de esto es posible si el Gobierno se mantiene retranqueado, sorprendido por la falta de resultados pese al accionar constante de la máquina de los decretos leyes. Al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, le toca liderar el proceso y llamar a los partidos de la oposición para llegar a consensos básicos que no pueden fraguarse desde la exigencia o el ninguneo. Y a la oposición, especialmente al PSOE, contribuir a unas decisiones que vendrán en el otoño, difíciles, pero que han de ser equitativas. Europa debe confirmar su apuesta por el euro, pero a los responsables políticos de España les corresponde impedir que el país se desespere por falta de salidas y se rompa en un sálvese quien pueda.