Cuentas con dudas

El Gobierno aprobó ayer un cambio radical en la estrategia económica para hacer frente a la recesión y a la angustiosa situación de la deuda. Este cambio, que ya era urgente a finales de 2011, y cuyo retraso costará a la sociedad recortes más drásticos de los previstos, se articula a través de una subida del IVA (impuesto sobre el valor añadido) de tres puntos como media que se aplicará a partir del 1 de septiembre y una reducción de las cotizaciones sociales, un punto en 2013 y otro en 2014. En un periodo recesivo y con nula capacidad de gasto público debido a la obligación de reducir el déficit, solo cabía aumentar el IVA, el impuesto con más potencia recaudatoria, e intercambiar el impacto perjudicial sobre el consumo por ese estímulo del empleo, más eficaz que cualquier otra medida fiscal, que es la rebaja de las cotizaciones.

Esta era la estrategia, u otra similar, que se esperaba del Gobierno de Rajoy en diciembre de 2011. Pero las decisiones económicas desde entonces han sido erróneas. La primera fue la subida del impuesto sobre la renta, una medida que ha perjudicado el ahorro privado. En una economía lastrada por el endeudamiento exterior, la línea de acción más correcta hubiera sido aumentar la imposición indirecta, cuya presión media está lejos de la media europea, e incentivar el ahorro para reducir la dependencia de la financiación exterior. La evidencia de que el ajuste del déficit en 2012 está muy lejos de cumplir sus objetivos ha llevado a Bruselas, el BCE y el FMI a imponer una política económica más coherente con la situación real de la economía española. El Gobierno aprobó ayer las líneas maestras exigidas por la troika (incluido el recorte del sueldo de los funcionarios, la supresión de la deducción por vivienda y una reducción de las prestaciones por desempleo); la vicepresidenta Sáenz de Santamaría explicó la dependencia con la idea de que el gran ajuste es obligado porque España “vive uno de los momentos más dramáticos de su historia”.

La nueva política económica tiene como finalidad la estabilidad presupuestaria y la recuperación de la solvencia de la deuda española. No atiende a la recuperación de la actividad y el empleo. Las medidas adoptadas tienen un efecto recesivo, difícil de calcular, pero en todo caso superior a una décima de PIB por año. Todo se fía a una recuperación de la confianza a corto plazo, de forma que la economía se libere de un coste financiero público insoportable, en torno al 7% que para las empresas se convierte en más del 8%. Si la nueva estrategia gana la apuesta de la confianza, después de otros seis trimestres de recesión podrá atisbarse algún tipo de recuperación. Pero el diferencial de deuda no está mejorando con este cambio de rumbo. Es necesario insistir en que el BCE debe apoyar sin límite esta política económica con compras de deuda.

Hay más. El propósito del Gobierno es ejecutar un ajuste de 65.000 millones en dos años y medio. Hay muchas dudas sobre si salen las cuentas. En primer lugar, solo con las medidas anunciadas no parece que se pueda conseguir; hace falta explicar y aclarar más. Y tampoco se conoce cuál es el grado de cumplimiento de los ajustes previos. Una de las causas de la baja credibilidad de la economía (además de la insistencia del Gobierno en que aprueba medidas que “no le gustan”) es la ausencia de memorias económicas que explican los motivos de cada ajuste, el impacto sobre la economía y su grado de ejecución. En segundo lugar, el recorte del déficit previsto en 2014 requiere más de 65.000 millones. Otra vez hay que exigir un plan de estabilidad a tres años que detalle los efectos de las medidas aprobadas ayer, los de los recortes anteriores y cuáles serán los ajustes en reserva para 2013 y 2014. Serán necesarios.