Investigar un fiasco

Un partido político pequeño y de creación reciente, Unión Progreso y Democracia (UPyD), ha sido el fulminante de las diligencias abiertas ayer por presuntos delitos genéricamente atribuidos a los antiguos administradores de Bankia, la cuarta entidad financiera de España. Que la investigación se haga por la vía judicial, en vez de haberse iniciado en el Congreso de los Diputados, dice mucho del estado en que se encuentra la cámara elegida hace poco más de siete meses, incapaz de desempeñar un papel comparable al del Congreso de Estados Unidos, que intervino largamente tras el desastre de sus instituciones financieras de 2008, o al del Parlamento británico, que lo ha hecho de forma fulminante, apenas unos días después, a raíz de la manipulación del índice interbancario de Londres por Barclays y otros bancos.

Bloqueado por el PP y entre titubeos del PSOE, el Parlamento español no ha tomado más iniciativa que la de comparecencias con cuentagotas y a puerta cerrada. La consecuencia es la apertura de una investigación judicial por querella de un partido parlamentario. Si se pretendía que los altos ejecutivos de Bankia no dieran la cara, que no se les sometiera a preguntas abiertamente o que se informara lo menos posible en los medios de comunicación, ahora esos mismos ejecutivos se ven convocados a la Audiencia Nacional, en calidad de imputados, entre ellos el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato. Asimismo se llama como testigo al exgobernador del Banco de España Miguel Fernández Ordóñez y al auditor que se negó a firmar las cuentas de la entidad tal como habían sido formuladas por el equipo de Rato.

El auto de apertura todavía no es firme y la fiscalía, si bien apoya la admisión a trámite de la querella de UPyD, se opone a varias peticiones del querellante, como la intervención judicial de Bankia, que se sustanciará tras una vista convocada para el próximo día 23. El propio juez instructor, Fernando Andreu, aunque llama como imputados a los que fueron miembros de los Consejos de Bankia y BFA, puntualiza que no se puede definir aún la responsabilidad exigible a cada uno de ellos.

La investigación era indispensable. Beneficios transformados repentinamente en pérdidas abismales, dimisión de Rato, apresurada nacionalización del banco, afloramiento de un desfase de 23.000 millones de euros, recurso a la ayuda financiera europea: todo eso no podía sustanciarse sin la menor explicación a los contribuyentes llamados a cubrir el agujero. Las diligencias abiertas prueban que el bloqueo político de las indagaciones estaba condenado al fracaso. Se añaden a ello actuaciones de las fiscalías en Cataluña y Galicia respecto a otras entidades financieras necesitadas de fondos públicos. Pero todo eso no excluye al Parlamento de su responsabilidad: la representación de los españoles se había abstenido de intervenir y ese fiasco, añadido al de la propia entidad financiera, permanece sin resolver.