El deber de Rajoy

Aunque la tensión ha cedido algo en los últimos días, la economía española está sufriendo un castigo intenso y continuado de los mercados cuya consecuencia inmediata es un encarecimiento de su deuda y un riesgo elevado de que la intervención sea, al fin, necesaria e inevitable. Más allá de los errores de los últimos Gobiernos, resulta evidente que la tarea principal, a la que debe prestar toda su atención el Ejecutivo durante las próximas semanas, consiste en bajar el coste de financiación del Tesoro, recuperar la confianza de la banca europea en la española y conseguir una estabilidad presupuestaria que permita sentar las bases de la recuperación. Todo ello no se conseguirá solo con recortes de gasto, pero tampoco es posible si los mercados de deuda siguen sin prestar a España a precios razonables.

Para evitar la intervención es prioritario reducir el coste de la deuda que asfixia la capacidad presupuestaria española. El Gobierno ha de enfrentarse a este riesgo con decisiones rápidas y firmes. Incluso en el caso de que la estrategia sea correcta y se ejecute con precisión, no hay garantía de que los mercados alivien la presión; pero si no se actúa con decisión, resultará difícil evitar el desastre.

Lo primero consiste en calmar el mercado cerrando rápidamente el saneamiento bancario. Para ello hay que solicitar la ayuda europea, acelerar los cálculos de recapitalización individual de cada una de las entidades y poner en marcha un trámite, más breve de lo previsto, para que los bancos que lo deseen acudan al FROB reforzado con el dinero europeo. En este punto se exige claridad exquisita en los detalles, que son los que mueven los mercados. Hay que negociar la cantidad y las condiciones de la ayuda prestada (plazo de devolución, carencia, coste del dinero), aclarar de una vez por todas si, además de altamente deseable, como bien defiende el Gobierno, resulta también posible la inyección directa de capital europeo en los bancos (la confusión al respecto ha deteriorado la credibilidad en el rescate) y exigir a los socios de la Unión que el capital europeo aportado no tenga prelación sobre los activos de otros acreedores. La importancia de este último punto, fundamental para que España no sea apartada de los mercados financieros, justifica toda la beligerancia que Rajoy pueda emplear en su consecución.

El Gobierno debe también presentar en Europa y ante todos los inversores un plan de estabilidad para los próximos tres años que le permita recuperar la iniciativa política y avanzar las medidas necesarias como fruto de su propio análisis y no de la imposición de las dinámicas comunitarias. Ese plan A debe incluir una explicación detallada y con calendario de cómo conseguir un recorte de gasto estructural de 80.000 millones sin dejar fuera del análisis ni el IVA, ni las prestaciones por desempleo, las pensiones o los salarios de los funcionarios. En él se debe articular una estrategia de aumento de ingresos (IVA, especiales) y una reforma en pensiones (esta sí sería una reforma estructural), combinadas con políticas de estímulo de demanda y empleo. Sin detallar, resultaría también conveniente la confección de un plan B para el caso de que no se consigan los objetivos, y que deje claro ante la comunidad internacional que España no cejará en su empeño de volver a la estabilidad pese a los costes políticos que ello pueda suponer.

Rajoy acaba de ganar unas elecciones y presenta en Europa su mayoría absoluta como un activo más de la economía española. Tiene razón. Ahora debe actuar en consecuencia, presentar un plan rotundo para tres años (en los que no habrá elecciones generales), cumplirlo a rajatabla sin las sorpresas de los viernes de Consejo de Ministros, recabar para ello apoyos en la oposición, que no debería regateárselos en este momento de gran zozobra de el país, y evitar con mano firme lo que se perfila como el mayor fracaso colectivo de la sociedad española.