El Estado de derecho y la vinculación de los poderes públicos a las leyes rige en las Administraciones Públicas… salvo en el Ayuntamiento de Madrid. Aquí se está extendiendo una práctica manifiestamente ilegal y abusiva. Si en una infracción de tráfico se le ocurre a un ciudadano ejercitar su derecho a hacer alegaciones en tu defensa, cada vez más el Ayuntamiento de la capital actúa irregularmente.

Como les molesta las alegaciones (además de que por hacerlas pierdes el derecho a reducción), no intentan notificar la resolución al domicilio del interesado. Directamente lo hacen público mediante edictos en el tablón de las paredes de la Dirección General de Trafico. Pero recibes en casa una carta ordinaria donde se te comunica la publicación de la resolución mediante edictos “ante la imposibilidad de entregársela personalmente” (sic) diciendo dónde está (aunque no te indican la pared). En las semanas previas no hay ningún aviso de correos por lo que no ha habido ningún intento de notificación. Pero les es más cómodo el desprecio a los ciudadanos y la mentira.

¿Cuándo han intentado entregarla personalmente? Nunca. Pues bien, esta es una práctica que en los últimos meses se está generalizando. Si estás disconforme, solo quedan los tribunales donde los gastos de abogado y procurador triplican la sanción. Cada vez más madrileños tenemos la percepción de que si a los recortes sociales que padecemos se suma la actitud despectiva y prepotente y se nos limitan derechos elementales, el futuro ajustará cuentas. A los madrileños no nos gusta que nos pisoteen. Por favor, rectifiquen y respeten a los ciudadanos.— Jesús López-Medel Báscones. Abogado del Estado.