Los retos de Andalucía

La elección de José Antonio Griñán como presidente de la Junta de Andalucía inicia una fórmula de Gobierno PSOE-IU inédita en esa comunidad, y desde luego muy singular en un entramado político español dominado por el PP, si bien las lecturas exageradamente "frentistas" que se han hecho de la coalición andaluza parecen precipitadas. Convencido de que el próximo Ejecutivo autónomo será un "alegato contra la economía del miedo", Griñán ofrece cooperación institucional, no sin denunciar la actitud del Gobierno de Rajoy en casos como los recursos contra la subasta andaluza de medicamentos o las oposiciones a profesores.

El punto de partida es muy negativo. La comunidad más poblada tiene en paro a 1,3 millones de personas, el 33% de la población activa. Y el Gobierno de coalición dispondrá de menos dinero, dado que ha de recortar 2.700 millones de los 32.000 millones de su presupuesto, según el marco fijado para reducir el déficit de las autonomías. Un objetivo difícilmente compatible con el de mantener la inversión, que cayó un 10% en las cuentas de este año. El desafío es serio y el nuevo Gobierno ha de explicar cómo va a hacerlo, con una oposición que no va a facilitarle las cosas después de que su dirigente, Javier Arenas, calificara los acuerdos de la coalición de "antieuropeos".

La experiencia del pacto andaluz de izquierdas comienza además con fragilidades internas. El escándalo de los ERE seguirá pesando sobre los socialistas, a los que toca limpiar por completo la corrupción que tan gravemente ha afectado a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Y aunque el pacto funcionó bien para la elección del presidente de la Junta, uno de los 12 diputados de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, emitió un voto nulo a la investidura de Griñán.

Esta coalición es una oportunidad para mostrar el grado de responsabilidad de la izquierda en el manejo de una situación crítica. Los dos partidos saben que se juegan mucho y que deberán tomar decisiones contrarias a las expectativas de sus electores. Por eso IU no debe conformarse con el argumento del "imperativo legal" para explicar su acatamiento al marco de recortes presupuestarios, ni sembrar dudas sobre el respeto a leyes que no le gustan, como la reforma laboral, sino ejercer desde el principio la lealtad institucional que se espera de un partido de Gobierno.