Gesto sin precedentes
Gobierno y Casa del Rey deben aplicarse ahora a modernizar la institución y formalizar sus relaciones
El Rey hizo ayer un gesto que le honra. Sus palabras a la salida de la clínica —“lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”— en referencia a un viaje privado para cazar elefantes en plena tormenta financiera constituyen un hecho sin precedentes, reconocido así por numerosos políticos del arco parlamentario. Ninguna autoridad ha hecho algo parecido en España, ni tampoco don Juan Carlos había reconocido públicamente un error. Es de destacar que el Rey haya optado por hablar en persona, descartando la frialdad de un comunicado que habría restado verosimilitud a sus palabras y que no habría permitido observar su contrición ante una cámara de televisión, consciente de la importancia del error cometido, del malestar causado y de su perjuicio para el prestigio de la Monarquía.
Don Juan Carlos ha prometido que “no volverá a ocurrir”, y ahora corresponde a los políticos, al Gobierno sobre todo, la tarea de definir cómo debe actualizarse una institución que ha rendido probados servicios a la ciudadanía. Hace tiempo que está pendiente la modernización de sus pautas de funcionamiento. Tras el incidente de la cacería en Botsuana se hace todavía más indispensable la formalización de las relaciones de la Casa del Rey con el Gobierno.
Constitucionalmente, el monarca necesita el refrendo del jefe del Ejecutivo, de un ministro o del presidente del Congreso para que sus actos tengan fuerza jurídica. Pero no se agota ahí la responsabilidad del Ejecutivo respecto a las actividades del monarca que, si bien debe disponer de la necesaria privacidad, precisa del conocimiento y la aprobación del Gobierno en lo que tenga trascendencia política. Para fortalecer su autoridad a la hora de ejercer el papel arbitral y moderador que la Constitución le asigna, pero también para trabajar discretamente en las relaciones exteriores de España y, en general, para mantenerse como punto de referencia de la cohesión nacional en estos tiempos de crisis económica y social.
El papel positivo que el jefe del Estado debe jugar le conecta, necesariamente, con el Gobierno y la sociedad española, sin que sea posible prescindir del Ejecutivo ni de la ciudadanía. También deben resolverse otras ambigüedades y rigideces que rodean las actividades de la familia real, acentuando la transparencia de la Casa del Rey, clarificando los comportamientos profesionales de los familiares del monarca y formalizando el estatuto jurídico del príncipe heredero.
Hay que reiterarlo: solo el populismo o el amarillismo periodístico permiten confundir la crítica que merece el comportamiento de un familiar del Rey, o del propio Rey en un caso concreto, con un debate sobre el futuro de una Monarquía que protagonizó la devolución de las libertades y la soberanía al pueblo español. La solución de los problemas que nos aquejan exige huir de teatrales puestas en escena que distraen de cuestiones esenciales en un momento crítico para España.
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