El pasado Consejo Europeo aprobó el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria. Lo firmaron 25 de los 27 Estados miembros. De cara a la opinión pública española, el hecho quedó oscurecido por la aguerrida declaración del presidente Rajoy en Bruselas. Antes de que se secara la tinta de su firma, anunció una cifra de déficit que suponía enmendar lo escrito en función de una decisión "soberana", no explicada hasta entonces. Con una pintoresca justificación : "Ni pacto ni dejo de pactar", cuando a lo que se va a Bruselas es a pactar. La prueba es que dicha cifra ya ha sido modificada y lo será más en función de las reglas de coordinación y gobernanza existentes. De momento, el desplante nos ha costado 5.000 millones de euros, por lo que habría que ser prudentes a la hora de cantar victoria y no pretender resolver estas cuestiones echando órdagos de farol.

En realidad, el nuevo Tratado, pacto fiscal en los idiomas latinos y compact en su expresión inglesa —un tanto exagerada si se traduce literalmente—, actualiza y amplia reglas existentes desde Maastricht. Tiene el valor de suponer un propósito de la enmienda de los dos países que más contribuyeron a hacer saltar el anterior Tratado de estabilidad: Alemania y Francia. A la vez, tiene el defecto congénito de no ser un Tratado comunitario al no haber sido firmado por Gran Bretaña ni por la República Checa.

Por eso, la negociación del pacto fiscal ha consistido en esencia en tratar de hacerlo compatible con el marco existente. Una situación parecida a la del viajero que se encuentra con que el enchufe de su ordenador no es compatible en otro país. Es posible resolver el problema con voluntad política y técnica adecuada, y en eso ha consistido la negociación entre bastidores desde diciembre entre los Gobiernos, la Comisión y un activo Parlamento Europeo.

Los principales cambios que pueden permitir que el pacto fiscal pueda funcionar son los siguientes:

—Incluir en el artículo 1º una clara referencia a los objetivos de crecimiento sostenible, empleo, competitividad y cohesión social.

—La coherencia con el método comunitario. El nuevo Tratado será de aplicación "en la medida en que sea compatible con los Tratados y la Ley comunitaria" (art.2). El método comunitario se salvaguarda al preservar los derechos de la Comisión y el Parlamento en el desarrollo de los mecanismos a través de la legislación secundaria.

—En los artículos 3º y 4º se han integrado las normas ya vigentes, adoptadas en el denominado paquete de 6 aprobado el pasado otoño.

—Se prevé un recurso al Tribunal de Justicia en caso de incumplimiento, que dará abundante trabajo a los jurisconsultos.

—El Eurogrupo se configura cada vez más como una cooperación reforzada estable y se añade un nuevo artículo para que los Estados que han ratificado el pacto y no están en el euro puedan participar en cumbres sobre implementación del Tratado y mejora de la gobernanza como solución de compromiso para los próximos años.

—El pacto fiscal se debe integrar en el marco de los Tratados en el plazo de cinco años.

La pregunta que se plantea es si para este viaje se necesitaban esas alforjas. Ciertamente, las modificaciones son decisivas para que el pacto fiscal pueda funcionar. Pero la más importante es, sin duda, su entrada en vigor el próximo 1 de enero si 12 Estados de la zona euro lo han ratificado. Eso significa el fin de la unanimidad, es decir, del veto que ha convertido la ratificación de los Tratados en una ruleta rusa al albur de lo que decida el más reticente o remolón.

De hecho, equivale al paso que se dio en el debate de la Constitución de Estados Unidos tras la Convención de Filadelfia. Allí también se planteó su entrada su vigor si dos tercios de los Estados la ratificaban, proporción similar a la requerida ahora. La batalla la ganó el Federalista, la serie de artículos que Publius publicó en el Estado de Nueva York. Su autor principal fue Alexander Hamilton, nombrado secretario del Tesoro por Washington tras ser elegido Presidente. Con decisión puso en pie el sistema fiscal, asumió las deudas de guerra de las ex colonias, emitió bonos federales con interés más bajo y creó el dólar, el primer Banco federal y la Ceca.

En la Federación a medio hacer en Europa, hay voces como el ministro Schaüble que proponen el salto federal. Parece haber convencido a la canciller Merkel. Incluso el presidente Sarkozy menciona la palabra tabú, a la vez que entra en campaña proponiendo desmantelar Schengen. El Consejo de Sabios alemán, citando a Hamilton, ha propuesto la mutualización de la deuda por encima del 60% en un fondo de amortización con condiciones. La Comisión está trabajando en la propuesta de eurobonos, así como el Parlamento Europeo. Algunos proponemos desde hace tiempo este instrumento como forma de cooperación reforzada y arma solidaria. Su creación permitiría que el pacto fiscal sea de verdad compacto.

Enrique Barón Crespo fue presidente del Parlamento Europeo.