El Canal de Isabel II es la próxima empresa a privatizar según Esperanza Aguirre. El argumento es que el PP así lo quiere, sin haber dado explicaciones económicas ni de gestión sobre la necesidad de su privatización. Por otro lado se trata de una empresa rentable y de ejemplar calidad y servicio.

Como ciudadano, no veo como es posible que unos políticos cuya obligación es gestionar lo público para mayor beneficio del ciudadano acometa semejante cambio en la propiedad de algo que es de todos y que beneficia a todos, para transferirlo a propietarios privados, y no sólo eso, sino que además transferirá tanto los beneficios económicos de su explotación como las propiedades inmobiliarias y terrenos del Canal.

Por si fuera poco, para engrosar los beneficios económicos de su explotación a los futuros propietarios, el Canal, empresa aún pública, ha subido en dos meses consecutivos, diciembre del 2011 y enero del 2012 las tarifas del agua y de sus servicios. Así se eliminan de antemano las críticas sobre la posible codicia de los nuevos propietarios y se les asegura unos suculentos beneficios a costa del desembolso de todos para el beneficio de unos pocos.

¿A ustedes les parece esto aceptable? A mí no solo me parece inaceptable el hecho en sí, sino que me parece increíble que la oposición no haga todo lo posible, incluida la movilización ciudadana, para impedir semejante apropiación de lo público. Legal, pero injusta e innecesaria.— Federico Goded Rambaud.