Era un secreto a voces, pero el desenlace ha sorprendido por su calado y su teatralización unilateral. El pacto al que CiU y PP han llegado para los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña de 2012 ha contado con una rotunda puesta en escena que supera las sonrisas y parabienes del Pacto del Hotel Majestic entre Pujol, Aznar y Duran Lleida el 28 de abril de 1996. Alicia Sánchez-Camacho, la líder popular catalana, ha acaparado los derechos de pantalla y se ha erigido en gran muñidora del acuerdo, que fue sellado en la madrugada de ayer. CiU ni se ha atrevido a comparecer ante los focos para dar a conocer su relato del acuerdo.

Los populares han obligado al consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, a montar y a desmontar varios sudokus y a convertir un asunto tan serio como los presupuestos en una cuestión voluble, a merced de quien tiene la llave para dar la mayoría política. La Convergència del pacto fiscal y del derecho a decidir ha inclinado su soberanista cabeza ante los caprichos de un Partido Popular que ha jugado a placer con su doble llave: la de la caja de la Administración central —que puede premiar o castigar, a conveniencia, con transferencias de efectivo— y la de la mayoría que precisa el centro-derecha nacionalista para su estabilidad política en Cataluña. La contrapartida fundamental que espera obtener el PP es la fidelización del voto de CiU a las propuestas de reforma económica que el Ejecutivo central proponga en el Congreso de los Diputados.

El PP que ha subido los impuestos —como el IRPF— a nivel sueco, ha puesto trabas en Cataluña al aumento de la tasa turística —que rebaja y pospone su aplicación a noviembre, fin de temporada—; ha puesto excepciones al copago por receta sanitaria —del que quedan exentas las rentas más bajas— y ha obligado a retrasar seis meses la subida del canon del agua. Es decir, los tres resortes de que disponía la Generalitat para aumentar sus ingresos per se han sido yugulados y, por tanto, las finanzas autonómicas han quedado sujetas a la buena voluntad de la Administración central en manos del PP —respecto a la reivindicación de los fondos de competitividad y la adicional tercera del Estatuto catalán— o bien a futuros recortes del propio Gobierno autónomo. El PP ha impuesto además a CiU un decálogo que plasma su voluntad política, mejorando el presupuesto para las víctimas del terrorismo y relegando de un plumazo las ayudas al memorial democrático.

CiU ha hecho de la necesidad virtud, pero no vale engañarse a estas alturas disfrazando el carácter y alcance de este pacto. Al igual que sucedió tras las autonómicas y las municipales, los populares han elaborado un paquete político en el que han metido de rondón la política municipal, pues CiU también gobierna en minoría Barcelona. El conjunto es una suerte de supermajestic. Si el de 1996 fue un acuerdo de socorro mutuo, el de ahora brilla por su desequilibrio en favor del partido de Rajoy y Sánchez-Camacho.