Decisión incoherente

La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de no recurrir ante el Tribunal Supremo el veredicto de no culpabilidad del ex presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en la causa de los trajes, desmerece su actuación en el caso Gürtel, siempre en la primera línea de su investigación desde el principio. Los socialistas valencianos, que han ejercido la acción popular en el caso, van a recurrir; pero el recurso de la Fiscalía subrayaría mejor la defensa de los intereses públicos, especialmente dañados por la corrupción.

El cambio de paso se produce cuando el Gobierno del Partido Popular acaba de nombrar un nuevo fiscal general del Estado. Se da pábulo una vez más a cuestionar la autonomía del fiscal del Estado, tantas veces reclamada por el PP en las dos últimas legislaturas. Es fácil establecer una relación de causalidad entre esa decisión y un caso de corrupción política que afecta al partido del Gobierno. Un caso que, además, sigue expandiéndose con el descubrimiento por la Agencia Tributaria de otras posibles defraudaciones a la Hacienda pública, por un monto de 600.000 euros en impuestos de IVA y Sociedades, por parte de la empresa que utilizó la trama Gürtel para la cobertura televisiva del viaje del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.

La sentencia dictada por el magistrado-presidente del tribunal del jurado que juzgó a Camps señala la posibilidad de recurrir en casación ante la Sala Segunda del Supremo. Es cierto que el veredicto del jurado ofrece menos posibilidades de recurso que el fallo de un tribunal profesional, pero siempre que exista margen la Fiscalía Anticorrupción está obligada a apurarlo para no transmitir la imagen de que no llega hasta el final en la lucha contra la corrupción política.

Desde la Fiscalía del Estado se ha alegado para no recurrir que “las reglas del tribunal del jurado son muy restrictivas”, pero parece que son razones de oportunidad política, más que jurídicas, las que explican la decisión. El empeño de la Fiscalía Anticorrupción en recurrir en su momento el archivo de la causa de los trajes por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia —presidido entonces por el magistrado “más que amigo” de Camps, Juan Luis de la Rúa— permitió al Supremo reabrirla de nuevo. Resulta incoherente, e incluso contradictorio, con esa trayectoria de firmeza no hacer lo mismo ante el fallo de no culpabilidad de Camps.