El TSJ valenciano reactiva la investigación sobre la financiación ilegal del PP
El juez da 10 días a las partes para que se pronuncien sobre la asunción por parte del tribunal de nuevos delitos del caso Gürtel que afectarían a aforados
La situación judicial se complica para el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y las cúpulas del Gobierno y el PP regionales. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha retomado el caso de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, así como de varios otros delitos, entre ellos prevaricación, delito fiscal y cohecho, que habrían cometido altos cargos del Ejecutivo y el Partido Popular valenciano en el marco de sus relaciones con la trama Gürtel.
El juez del TSJ José Ceres ha dado 10 días a las partes personadas en el proceso para que se pronuncien sobre si el tribunal valenciano debe asumir la investigación de los hechos, en los que el juez del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, encontró indicios de implicación de aforados valencianos (diputados autonómicos y consejeros de la Generalitat).
Ceres solicita igualmente a las partes que se pronuncien sobre qué delitos concretos consideran que se han cometido y quienes deben ser imputados por los mismos. Las partes podrán solicitar, además, la acumulación de la nueva remesa delictiva con el caso de los trajes en el que se encuentran imputados Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio.
En el proceso están personados el PP regional y miembros de la trama como Álvaro Pérez, El Bigotes, además de la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV-PSOE. Pedreira dictó la inhibición de toda esta parte del caso Gürtel en favor del tribunal valenciano en mayo de 2010. Los recursos planteados en Madrid por el PP nacional y Pérez han demorado, sin embargo, hasta ahora la asunción por parte del TSJCV de la investigación.
El paso dado hoy por el tribunal aumenta la presión sobre Camps, que ha sido designado por el PP como candidato a la Generalitat en las elecciones autonómicas del 22 de mayo. El delito por cohecho pasivo impropio del que se acusa al presidente valenciano no implicaba en el momento en que supuestamente lo cometió cárcel ni inhabilitación (ahora, tras la reforma del Código Penal de 2010, sí conlleva ambas penas). Pero los nuevos delitos que el TSJCV tiene sobre la mesa sí conllevan importantes condenas de prisión y de inhabilitación.
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