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El Gobierno anuncia una ley de muerte digna y cuidados paliativos

Rubalcaba afirma que la norma estará lista en marzo y que regulará las relaciones entre familiares, médicos y enfermos.- El vicepresidente insiste en que no se trata de una ley de eutanasia

El Gobierno ha anunciado hoy que regulará por ley el derecho a la muerte digna de los enfermos terminales, esto es, que se puedan usar los medios necesarios para que estos pacientes terminen su vida sin dolor. De cumplirse el anuncio, fijado para marzo, el Ejecutivo seguirá los pasos de Andalucía, la única comunidad que ya tiene una norma en vigor y, por otro lado, confirma las intenciones de la nueva ministra de Sanidad, Leire Pajín, que hace pocos días declaraba en una entrevista con este periódico que se iban a regular los cuidados paliativos. La ley, ya estudiada, parecía congelada desde que salió Bernat Soria, uno de sus impulsores, del Ejecutivo.

Otra cosa es la eutanasia, es decir, la petición de un paciente para terminar su vida ante una enfermedad irreversible. "Eso es una decisión personal", se ha limitado a decir el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a preguntas de una periodista.

El apoyo al uso de tratamientos que eviten el sufrimiento en el final de la vida recibe el apoyo casi unánime de los médicos. En una encuesta reciente, la práctica totalidad de responsables de colegios profesionales preguntados (97,3%) estaba de acuerdo en aplicar tratamientos para eliminar el dolor aunque acorten la vida del paciente. El anuncio de esta ley ocurre cinco años después del caso Leganés, en que el servicio de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), encabezado por Luis Montes, se enfrentara a una acusación de 400 homicidios tras una denuncia anónima al practicar sedaciones terminales. El proceso, que reavivó el debate social sobre la indefensión de los médicos cuando pretenden aliviar los padecimientos de los enfermos al final de la vida, se archivó dos años después.

La nueva ley, que se denominará de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, permitirá a cualquier ciudadano "tener el derecho a morir dignamente, que es tanto como decir morir sin dolor cuando la ciencia médica permite que así sea". El vicepresidente ha precisado que se trata de garantizar los derechos de los familiares, los enfermos y los médicos. "Cuando alguien está terminal, no tiene solución y lo que le espera por delante es un calvario, hoy la medicina tiene herramientas para que el paciente acabe su vida sin dolor y dignamente", ha añadido.

Por otra parte, el debate de la eutanasia o del suicidio asistido se disparó en España tras la muerte, en 1998, de Ramón Sampedro, un tetrapléjico que se quitó la vida con ayuda de su novia tras pedir reiteradamente que acabasen con su sufrimiento. Seis de cada 10 médicos está de acuerdo en que se regule este derecho, según una encuesta de 2002. Quizá porque un 84% de los facultativos consideraba que con los cuidados paliativos no resolvían todos los casos. En el mismo sondeo, también más de la mitad (un 57,6%) decían que habían recibido peticiones para retirar tratamientos y el 19,5% para acelerar la muerte del enfermo.

El PSOE había incluido en su programa electoral de 2004 crear una comisión parlamentaria para estudiar la eutanasia. No cumplió su promesa. Tampoco introdujo mención alguna en el plan para su mandato de esta legislatura.

La eutanasia es, sin embargo, un derecho que pocos ciudadanos ejercerían (solo el 0,3% de todas las muertes tienen esta causa, según datos de Bélgica, el último país que ha despenalizado la eutanasia en 2002), pero que daría el respaldo legal necesario a los enfermos que lo solicitasen.

Respecto a la nueva norma, que se centra en los cuidados paliativos y las sedaciones, el vicepresidente Rubalcaba ha reconocido que "todo el mundo" va a entender esta ley. "Todo el mundo ha tenido una situación de esta naturaleza", ha precisado, y ha añadido que él mismo ha sufrido recientemente una situación de este tipo con un familiar. "Se produce cuando alguien en el pasillo de un hospital recibe a un médico que le dice que un familiar, su madre, su hermano o su mujer, está muy mal, que se muere irremediablemente, y lo que es peor, nos tememos que lo va a pasar muy mal de aquí a que se muera, va a sufrir, y el familiar le dice al médico si no lo podemos evitarlo", ha explicado Rubalcaba.

"Una ley absolutamente necesaria"

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha celebrado la decisión del Gobierno de aprobar una ley que garantice la calidad y la equidad en el acceso a los cuidados paliativos y a la muerte digna. Considera que en muchas partes de España -entre ellas la Comunidad de Madrid- se ha sufrido "un retroceso importante en este campo, tras el caso de las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa de Leganés", según ha expresado el portavoz de FADSP, Marciano Sánchez Bayle.

"Una ley de muerte digna es absolutamente necesaria en estos momentos, ya que es importante que se garantice esta cobertura por ley y que se asegure que las comunidades autónomas la cumplan, ya que en muchas el criterio ideológico de sus dirigentes dificulta el acceso a estos cuidados", ha declarado Sánchez Bayle a Europa Press.

También el Consejo General de Enfermería de España ha aplaudido el proyecto. Su presidente, Máximo González Jurado, ha afirmado que él siempre se ha mostrado "partidario de que se respeten los derechos y la autonomía del paciente" y ha dicho que, si esta norma significa un avance, "será bienvenida". Ha recordado además que él ya dio su respaldo a la ley andaluza de muerte digna aprobada el pasado mes de marzo.

González Jurado no se ha olvidado de los objetores. Ha reclamado que la futura norma nacional "regule la objeción de conciencia de los profesionales y preserve también, como un derecho, el principio de libertad de conciencia" para este colectivo.

Y es que no todo son parabienes al proyecto del Gobierno. El portavoz de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho de Objeción de Conciencia, Juan Molina, ha pedido que desarrolle una ley de Cuidados Paliativos que "vele por la salud, la felicidad y la vida de las personas" y no una ley que "provoque la muerte". A su juicio, la ley que pretende aprobar el Gobierno demuestra la "incapacidad" del Ejecutivo para "desarrollar la dignidad de la vida de las personas".

"La cuestión es fácilmente contrastable cuando vemos en cada ciudad la falta de camas que hay, tanto domiciliarias como hospitalarias, que tiene atendidas con medios del Estado. Ni en las capitales de provincia ni en la del Estado existe una red de asistencia que garantice la vida y la dignidad de las personas, especialmente los terminales", ha destacado. Además, Molina ha lamentando que tengan que ser las organizaciones religiosas y las familias las que "realicen todo el esfuerzo" para atender a estos enfermos; y ha recordado que "cuando no se puede velar por la vida de las personas hay que hacerlo por su felicidad y bienestar".

El proyecto tampoco convence a la asociación Derecho a Morir Dignamente. Para su presidente, César Caballero, la Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna es una medida "electoralista", ya que no supondrá "ningún avance para los ciudadanos españoles" mientras no se despenalice el suicidio asistido. Además ha asegurado que el modelo francés, en el que supuestamente va a basarse la ley, "en muchas cosas está más atrasado que el español, por lo que este anuncio es más un canto de sirena, de decir vamos a hacer una ley ahora que hay elecciones a ver si nos ganamos electorado".

"El fondo sería avanzar hacia la despenalización del suicidio asistido, pero el Gobierno no quiere hacerlo, sigue con la coartada de que hasta que todos los ciudadanos no tengan asegurados los cuidados paliativos no se despenalizará esta actividad". Sin embargo, "se ha visto que los países que más han avanzado en este campo son los que han hecho esto antes, como Holanda o Bélgica", ha resaltado Caballero.

El presidente de Derecho a Morir Dignamente ha acentuado que "el primer Plan Nacional de Cuidados Paliativos en España ha sido un fracaso, ya que en diez años sólo han pasado de cubrir al 15 o el 20% de la población al 35%". "¿Cuántos años más necesitamos para cubrir al 100%? No sólo es cuestión de leyes, también lo es de presupuestos", ha aseverado.