Los condenados por intentar atentar contra el metro de Barcelona recurrirán ante el Supremo

El abogado de los diez paquistaníes y un hindú acusados de intentar atentar contra el metro de Barcelona y condenados por la Audiencia Nacional el pasado lunes por pertenencia a un grupo terrorista islámico ha anunciado este mediodía que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. El letrado, Benet Salellas, pedirá además que los once condenados sean trasladados a cárceles catalanas, ya que en esta Comunidad residen sus familias.

Salellas ha subrayado que la sentencia absolvió a los acusados del delito de conspiración, y sólo les condenó por integración en una organización terrorista. El abogado ha puesto en duda las dos pruebas en las que el tribunal se basó para la sentencia: la declaración del testigo protegido F1, que delató al grupo del que, asegura, formaba parte en cuanto se enteró de que le tocaría inmolarse en el metro, y un vídeo donde un portavoz del grupo terrorista de la región paquistaní de Waziristán Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) reivindicaba la autoría de ese atentado abortado.

Salellas lamentó que el testigo protegido haya acabado sin imputación alguna, aunque durante el juicio respondió "con evasivas" a las preguntas sobre si aún pertenecía a Al Qaeda. Y sobre el vídeo, ha asegurado que se desconoce quién lo grabó y, por lo tanto, es imposible confirmar su veracidad. Además, ha recordado que TTP se gestó en Waziristán un mes antes de que los condenados fueran detenidos en Barcelona, en enero de 2008. Así que cree muy improbable que, con tan poco tiempo, la red preparase un atentado en la capital catalana.

Todos esos argumentos llevará Salellas al Supremo. Confía en lograr la absolución de sus clientes ya que, ha asegurado, "el Supremo se diferencia de la Audiencia Nacional en materia de terrorismo y la ha corregido muchas veces". Eso ocurrió el pasado 7 de octubre, cuando 15 de los 20 acusados de planear la voladura de la Audiencia Nacional, que habían sido condenados por este juzgado, fueron absueltos por el Supremo.

El recurso, sin embargo, tardará unos 10 meses en resolverse, ha estimado Salellas. Así que mañana mismo pedirá al Departamento de Justicia de la Generalitat el traslado de los encarcelados a prisiones catalanas, para que estén cerca de sus familias, "como se hizo con Macià Alavedra y Lluís Prenafeta" en el caso Petroeria. "Se nos había dicho que era muy difícil desplazar a presos, pero el caso Pretoria ha establecido un precedente que esperemos que sea universal, independientemente de si los encarcelados pertenecen a partidos parlamentarios o tienen muchos recursos económicos", ha dicho.

Más allá de los razonamientos jurídicos, Salellas ha opinado también que la sentencia es "cínica" y que sus clientes se encuentran ante una situación de "inseguridad jurídica". En ese sentido se ha expresado también Shabana Maroof, la mujer del que es considerado el cabecilla del grupo y que ha sido condenado a diez años y medio de cárcel. "Los acusados son gente trabajadora que tienen hijos nacidos en Cataluña. Todo es mentira", ha dicho la mujer. También se ha quejado Nabid Nayub, miembro de la comunidad paquistaní en Barcelona, que ha considerado "injusta" la sentencia. "Con cosas así se crean los terroristas", ha añadido. Por todo ello, los familiares y amigos de los condenados y varias entidades planean manifestarse por el barrio barcelonés del Raval el próximo enero.