Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

Un inmigrante pierde el brazo izquierdo y su patrón lo abandona en las cercanías del hospital

La Guardia Civil tuvo que acudir a la empresa para poder recuperar el miembro amputado. "Nunca imaginé que me pudieran hacer algo así", afirma Franns Rilles

"Esto no se lo perdono". Franns Rilles Melgar pronuncia frases cortas y en un tono muy bajo, cercano al susurro. Está cansado y aturdido. Apenas lleva 24 horas fuera de la UCI, donde ha estado ingresado después de que el 28 de mayo una máquina de amasar le segara el brazo izquierdo en la panificadora donde trabaja, en Real de Gandia (Valencia), desde octubre de 2007. "Nunca imaginé que pudiera hacer algo así, que fuera capaz de hacerlo", afirma Rilles, de origen boliviano y de 33 años. Los reproches van dirigidos hacia el jefe de su empresa, para quien fabricaba pan durante 12 horas al día a cambio de 23 euros diarios. Y quien tras el incidente lo subió en un vehículo hasta el hospital Francesc de Borja de Gandia y, según su relato, lo "abandonó" a 200 metros de la puerta de acceso después de lanzarle una advertencia:

-Si te preguntan, comenta que tuviste un acciente, pero no digas nada de la empresa.

En plena calle y con el hombro ensangrentado, una persona lo acompañó hasta la sala de urgencias del centro sanitario, donde, siguendo las instrucciones de su jefe, no aclaró la causa del incidente. Pero no pudo ocultarlo mucho tiempo. Debido a la inconsistencia de su relato, los médicos llamaron a la policía y entonces fue cuando explicó cómo había perdido el brazo y, sobre todo, dónde estaba. Esta información era vital para intentar recuperarlo y tratar de volver a implantárselo, la opción que se barajó al principio. La Guardia Civil se desplazó hasta el lugar del accidente para recuperarlo. Mientras, se condujo al paciente al hospital Virgen del Consuelo de Valencia por si había alguna posibilidad de reimplantarlo, pero se deshechó la idea al estar el miembro en muy mal estado: "Los dueños lo habían tirado a la basura y habían limpiado todo para no dejar restos" apunta su hermana Silvia.

Mientras, la empresa niega los hechos. Juan Rovira, propietario de la panificadora familiar en la que trabajan también sus hijos, asegura que el trabajador "miente" en el relato de los hechos. Molesto por la repercusión de la noticia, manifestó ayer a este diario que fue su hijo quien trasladó al empleado al hospital de Gandia, y que "le dejó en manos del personal de urgencias". Según su versión, su hijo sufrió "un ataque de nervios" y fue atendido en el mismo centro médico. Rovira asegura disponer del parte médico de urgencias que corrobora su versión, y que su abogado dispone de toda la información en su defensa. El empresario sí que admite, sin embargo, que el empleado "se encontraba ilegal" y carecía de contrato. Niega asimismo que percibiera 23 euros al día y que realizara jornadas de 12 horas como denuncia el trabajador y su familia. "Cobran entre 900 y mil euros al mes, y las jornadas son de 6 a diez horas", afirmaba ayer Rovira indignado por las acusaciones del trabajador y del sindicato CCOO.

Respecto a las circunstancias en las que se produjo el accidente laboral, Rovira asegura que Franns Rilles "se encontraba ebrio" en el momento de los hechos y "cayó en la máquina amasadora". El brazo, añade el empresario, según le relató su hijo que se encontraba en la fábrica cuando sucedió el accidente, "quedó en tan mal estado que decidieron meterlo en bolsas y tirarlo a la basura". No pensaron que fuera posible su recuperación para su posterior reimplantación, relata. Los responsables de la panadería industrial aseguran sentirse "tranquilos" y han buscado un abogado para su defensa en la causa.

Los hechos sucedieron el 28 de mayo, pero no fue hasta el martes pasado cuando el sindicato y la familia del trabajador decidieron hacerlo público y anunciar que CC OO se personará en el procedimiento abierto por la fiscalía por omisión de ayuda. El comportamiento del empresario "nos remueve el estómago", declaró el responsable del sindicato en la comarca de la Safor, que también denunciará a la empresa por "delito contra el derecho de los trabajadores" ya que las condiciones laborales de los operarios de la empresa eran de "explotación pura y dura", con sueldos de 23 euros por jornadas de 12 horas.

El empresario ha negado todos los hechos -dice que paga entre 900 y 1.000 euros mensuales-, excepto que se el inmigrante se encontraba en situación ilegal y que no estaba dado de alta en la Seguridad Social.