El plan de retorno voluntario de inmigrantes entrará en vigor en noviembre con carácter "permanente"

El Gobierno aprueba el decreto ley por el que los extracomunitarios podrán cobrar toda la prestación por desempleo a cambio de volver a su país.- De la Vega afirma que la reforma de la Ley de Extranjería será "limitada y concreta"

ELPAÍS.com / AGENCIAS Madrid 19 SEP 2008 - 14:38 CET

El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de hoy, el plan para el retorno voluntario de inmigrantes desempleados, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega tras la reunión del Consejo de Ministros. Con él, el ministerio de Trabajo, Celestino Corbacho, pretende que el cada vez mayor número de extranjeros que se están viendo afectados por la crisis, sobre todo por el parón de la construcción, tengan la posibilidad de cobrar todo el subsidio de desempleo de una vez, a cambio de regresar a sus países de origen. El decreto ley no entrará inmediatamente en vigor, ya que aún debe ser revisada por el Consejo de Estado. Según ha manifestado Corbacho en rueda de prensa junto a la vicepresidenta, se prevé que la normativa entre en vigor en noviembre.

El plan está dirigido a los inmigrantes procedentes de los 19 países que tienen convenios en materia de Seguridad Social con España. Ecuador y Marruecos son los países de origen de más de la mitad de los 165.000 inmigrantes no comunitarios desempleados contabilizados en julio. Los extranjeros de estos países que se encuentren en paro podrán recibir toda la prestación de desempleo a la que tienen derecho en dos plazos. El primero, del 40% del total, en España. El otro 60% lo recibirían al mes siguiente, ya en su país de origen. El titular de Trabajo ha explicado que el decreto ley "tiene carácter voluntario y se podrán acoger a él los que crean que pueden verse beneficiados" y ha aclarado que "no nace con voluntad de coyuntura sino de permanencia".

Para acceder a este dinero, el inmigrante debe renunciar a sus permisos de residencia y trabajo. Asimismo, debe comprometerse a no volver a España en los tres años siguientes. Pasado ese tiempo, puede volver a solicitar la entrada para trabajar, pero el Gobierno no garantiza en ningún caso ese regreso. Si la petición se produce a los cinco años de haberse acogido a este retorno, el Ejecutivo se compromete a darle prioridad en los programas de contratación en origen. En tal caso, además, podrá recuperar la condición administrativa que tenía antes de su repatriación. Si cuando se fue tenía residencia permanente, al volver no recibirá un permiso inicial, sino permanente.

10.000 soliciantes previstos

El proyecto, que ha recibido críticas de las asociaciones de inmigrantes, fue adelantado por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura el pasado mes de abril. A pesar de que los cálculos iniciales del ministro de Trabajo apuntaban a más de un millón de posibles solicitantes de estas ayudas, a mediados de julio el Gobierno tuvo que rebajar esa expectativa hasta poco más de 10.000 personas. Por entonces, la cifra total de parados extranjeros no comunitarios ascendía a 165.000. El número de inmigrantes de fuera de la UE que viven legalmente en España es 2,2 millones de personas.

A través de este plan, el Gobierno pretende aliviar la cifra de parados, que no ha dejado de aumentar desde que se hicieron evidentes las dificultades económicas y el brusco parón del sector de la construcción, que aglutina buena parte de la mano de obra no cualificada inmigrante en nuestro país. "Es un instrumento más en el marco de la gestión de los flujos migratorios", ha afirmado el ministro Corbacho.

Reforma de Extranjería "limitada"

A preguntas de la prensa tras el Consejo de Ministros sobre la reforma de la Ley de Extranjería en marcha, De la Vega ha explicado que será una "reforma limitada y concreta" y que el Gobierno está a la espera del informe del grupo de trabajo que trabaja en la materia. La vicepresidenta ha aclarado también que en la nueva ley estará incluido todo lo que sobre derechos y libertades de los inmigrantes ha recogido el Tribunal Constitucional. Este tribunal echó por tierra algunos artículos de la ley modificada durante el Gobierno del PP que eliminaban para los inmigrantes irregulares derechos fundamentales, como los de reunión, asociación y huelga.

Por su parte, el ministro Corbacho ha recordado que habrá algunos ajustes en la ley, como el del plazo de retención de los inmigrantes irregulares, actualmente 40 días y que podría rondar en torno a los 60. En este sentid, el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, ha avanzado hoy la posibilidad de que el Gobierno acorte de 10 a 5 años el plazo máximo para que un inmigrante que haya sido expulsado de España intente regresar a este país en aplicación de la directiva europea de retorno.

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