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La recuperación de la memoria histórica

Rajoy: "Abrir heridas del pasado no conduce a nada"

Dos vocales del Poder Judicial y las principales asociaciones de jueces critican la investigación de Garzón

El presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, ha matizado este martes su habitual respeto a las decisiones y procesos judiciales para afirmar que no es "partidario de abrir las heridas del pasado" en relación a la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón , para elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados durante y después de la Guerra Civil. La revisión del pasado, ha continuado Rajoy, "no conduce a nada lo haga quien lo haga".

El líder del PP, en rueda de prensa tras la reunión en Génova del Comité Ejecutivo Nacional, ha sorteado otras preguntas sobre la investigación del juez de la Audiencia Nacional: "Nada que decir tengo sobre Garzón salvo lo dicho" en referencia a su primera declaración.

El eurodiputado Jaime Mayor Oreja, en una vuelta de tuerca a la postura del líder de su partido, ha calificado hoy de "disparate" la decisión del juez de la Audiencia Nacional. Mayor Oreja ha hecho estas declaraciones a los periodistas al ser preguntado por esta cuestión, tras asistir a la reunión del Comité Ejecutivo. Tras recordar que hace tiempo dijo que Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Gobierno era una de las "más perniciosas", ha añadido que le parece un "enorme error" porque es "echar piedras contra nuestro propio tejado".

Discrepancias entre los jueces

Como es ya habitual no hay unanimidad entre los jueces, pero sí pronunciamiento ante la decisión de Garzón. El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Pablo González ha asegurado hoy que entre las competencias de jueces como Baltasar Garzón no está el hacer "investigaciones históricas" o establecer censos de los fallecidos en la Guerra Civil. En línea con González, otro vocal del máximo órgano de los jueces, José Luis Requero ha calificado de "show judicial" la investigación abierta por Garzón.

También en la esfera judicial, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha considerado que la iniciativa del magistrado de la Audiencia Nacional "tiene poco futuro" desde el punto de vista jurídico y ha apuntado que que esta cuestión debería resolverse en "el propio ámbito político". Según ha explicado el portavoz de la asociación, Miguel Angel Jimeno, para que el juez Garzón pudiera emprender acciones "tendría que ser porque hay expectativas de que haya algún delito que no haya prescrito y que tenga un autor que pueda presumirse que puede averiguarse quién es".

Según el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, las investigaciones penales no están previstas para dar lugar a la apertura de causas generales. El portavoz de la APM -mayoritaria en la carrera judicial- ha recordado que una investigación penal tiene que estar enmarcada en unas coordenadas de concreción y desarrollarse sobre la base de unos hechos que presentan apariencia delictiva. Mientras, el representante de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Lorenzo del Río, se ha mostrado sorprendido de que se abra la vía penal cuando podría hacerse desde el ámbito político.

Por su parte, la Junta de Jueces Centrales de la Audiencia Nacional se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las "injustas y arbitrarias" opiniones que, a su juicio, vierte hoy El Mundo sobre la decisión del juez Baltasar Garzón de indagar sobre el número de desaparecidos en el franquismo.

En las filas socialistas, el clima es de respeto ante el auto de Garzón. El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha precisado que las actuaciones que realice Garzón merecen por parte del Gobierno "una consideración de respeto", en garantía de la independencia del poder judicial, por lo que Zapatero no ha estimado oportuno hacer valoraciones al respecto. Ha recordado la Ley de Memoria Histórica, que "amplía y reconoce derechos a las personas que padecieron como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura" y que establece la colaboración de las administraciones públicas con las familias para la localización de sus seres queridos desaparecidos.