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La recuperación de la memoria histórica

"Después de 70 años, la esperanza es la Audiencia"

Las asociaciones acogen la decisión judicial con satisfacción y cautela

Satisfacción por la decisión del juez, pero mezclada con cierta cautela. Las peticiones de información que el magistrado ha hecho al Gobierno, la Iglesia católica y ayuntamientos sobre los desaparecidos del franquismo llega en un momento muy temprano del procedimiento abierto en la Audiencia, cuando todavía no se han admitido a trámite las denuncias presentadas desde hace casi dos años. Responsables de tres de los colectivos que las impulsaron consideran una gran noticia que la justicia se interese por los desaparecidos después de la decepción que, para muchas de ellos, supuso la Ley de la Memoria, una norma que consideran insuficiente.

- Associació per a la Memòria Històrica de Catalunya. Manuel Perona, presidente de la asociación, no podía esconder ayer su satisfacción por la decisión de Garzón para esclarecer el paradero de miles de desaparecidos tras el golpe de Estado de 1936. "Llevamos 70 años esperando y ahora tenemos una esperanza, que es la Audiencia Nacional", explica Perona, que estaba convencido de que la justicia se interesaría por la petición que formularon.

"La única duda que nos quedaba es si teníamos capacidad legal para presentar nuestra demanda y si se podría llegar al final del proceso judicial", explica. "Por lo que ha acordado el juez Garzón, parece que sí", añade el presidente, quién también está convencido de que la petición de cursada por Garzón será atendida. La decisión de Garzón comporta "un alivio, un margen de confianza en la justicia" para miles y miles de personas que siguen reclamando el paradero de sus familiares.

"Hablamos de restos humanos que siguen perdidos, especialmente en las zonas donde hubo muchos fallecidos", como los que provocó la batalla del Ebro en Corbera, Gandesa o La Fatarrella, en Tarragona.

- Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.

"Tenemos razón, pero nos falta el derecho", afirma Paqui Maqueda, vicepresidenta de la asociación, que presentó la demanda en nombre del colectivo el 18 de julio de 2007. "Vamos vislumbrando la hora de la justicia. Sabíamos que la vía judicial era un camino que teníamos que recorrer porque hablamos de crímenes sistemáticos y masivos", prosigue Maqueda, que se declara "feliz y esperanzada", aunque se muestra cautelosa porque, por el momento, no se hayan admitido a trámite las denuncias. "Cuando se admita, la fiesta va a ser tremenda porque ha sido un camino de mucho dolor. Un camino hemos recorrido solos las familias y las asociaciones".

- Asociación Memòria de Mallorca. "Que el juez se haya dirigido a la Conferencia Episcopal parece un indicativo de que va en serio", asegura Margalida Capella, abogada y miembro de la Asociación Memòria de Mallorca, cuya denuncia se presentó en diciembre de 2006. "Esperamos que no haya obstáculos de esas instituciones para entregar lo que el juez solicita", añade Capella, que recuerda que mucha de la información la maneja el Estado.

"En los Registros Civiles es posible encontrar las declaraciones de fallecimiento de las personas que desaparecieron. Nosotros, de esa forma, hemos documentado hasta el momento 198 fallecidos y otras 400 desapariciones". Capella asegura que "el Estado no sólo tiene la obligación de investigar esos crímenes, sino que debe localizar a las víctimas y sufragar sus exhumaciones".

Artículo 12 de la Ley de la Memoria

- "Las Administraciones públicas elaborarán y pondrán a disposición de todos los interesados, dentro de su respectivo ámbito territorial, mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos de las personas a que se refiere el artículo anterior, incluyendo toda la información complementaria disponible sobre los mismos".

- "El Gobierno determinará el procedimiento y confeccionará un mapa integrado que comprenda todo el territorio español, que será accesible para todos los ciudadanos interesados (...)".

- "Las áreas incluidas en los mapas serán objeto de especial preservación por sus titulares, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Asimismo, los poderes públicos competentes adoptarán medidas orientadas a su adecuada preservación".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de septiembre de 2008

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