El Gobierno deja para otro decreto posterior los cambios laborales más conflictivos
Los sindicatos mantienen la huelga, aunque negociarán con las empresas la garantía del empleo
El reglamento que desarrollará los cambios laborales tras la reforma de la estiba deja la subrogación de los más de 6.000 estibadores actuales en manos de la negociación colectiva entre sindicatos y patronal. Este texto se deberá aprobar como Real Decreto, que colgará del Real Decreto Ley que se ha aprobado este jueves. “Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales podrán establecer mediante un acuerdo estatal o un convenio colectivo de igual ámbito las medidas necesarias para el mantenimiento del empleo de los trabajadores portuarios actuales”, dice el Real Decreto al que ha tenido acceso EL PAÍS. Asimismo, las empresas titulares de licencias del servicio portuario podrán subrogar directamente los trabajadores de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep).
Otra de las partes fundamentales del reglamento son las ayudas del Estado para la reconversión del sector. En concreto, el Ejecutivo incluye en el Real Decreto prejubilaciones para los trabajadores con 55 años o más —la edad de jubilación de los estibadores es 60 años—. Los empleados que quieran solicitar esta ayuda tendrán un subsidio del 70% del salario total de los últimos seis meses dividido entre siete. Fomento envió este texto a las partes antes de la votación del Real Decreto Ley de la estiba en el Congreso, aunque lo hizo a menos de 24 horas del debate parlamentario.
Las ayudas para los más veteranos del sector serán para la salida de parte de la plantilla de forma voluntaria. La partida de esta ayuda se pagará con los fondos de la Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De esta forma, el Gobierno cumple con la necesidad de ajuste de la mano de obra que pedía la patronal. La tramitación del reglamento se prolongará durante unos tres meses, según fuentes de la Administración.
Asimismo, sobre la mejora de la competitividad de los puertos españoles, el reglamento incluye una reducción salarial del 10% para los estibadores portuarios. Solo se aplicará en los casos en que se supere en más de un 5% el triple del salario mínimo interprofesional vigente. Es decir, este ajuste se aplicará a los trabajadores que ganen más de 23.483,69 euros anuales.
Por último, en el Real Decreto se incluye una disposición adicional en la que se modifica la formación profesional para ejercer como estibador portuario. Un punto que ya aparece en la reforma aprobada este jueves y que matiza el número de horas necesarias para conseguir el certificado de profesionalidad, que pasa de 660 horas a 1.110 horas. “Este módulo de prácticas profesionales no laborales deberá realizarse en instalaciones portuarias que cuenten con el equipamiento necesarios”, recoge el reglamento.
"El decreto se ha aprobado sin acuerdo"
Los sindicatos que agrupan a los estibadores portuarios han recriminado la nueva norma que ha aprobado el Gobierno. "El decreto ley se ha aprobado sin acuerdo con empresas ni trabajadores", ha dicho al término de la votación el representante sindical Antolín Goya, que ha ratificado las ocho jornadas de paro a partir del 24 de mayo.
A pesar de esta medida de presión de los trabajadores, Goya ha asegurado que los sindicatos darán una oportunidad a la negociación colectiva con la patronal. "Vamos a intentar buscar una solución al conflicto", ha afirmado. Sin embargo, ha reconocido que el acuerdo dependerá de la disposición de la patronal a garantizar el empleo. "Los estibadores tenemos muchos motivos sobre la huelga, pero el punto troncal es la garantía del mantenimiento del empleo", ha insistido el representante sindical.
La patronal de empresas del sector Anesco ha denunciado por su parte, en la previa del debate y votación parlamentaria, el incremento de huelgas encubiertas en los puertos españoles. "Hay medidas de presión, con bajadas de rendimiento en la mayoría de las terminales españolas", dice Anesco en una nota, que añade que estas acciones dificultan el diálogo entre las partes. Esto representa según la patronal un perjuicio para las empresas y todo el sistema portuario.
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