El Gobierno exigirá que se detallen los productos asociados a las hipotecas

El Gobierno exigirá a la banca que precise con detalle los costes de los productos asociados a la hipoteca, una estrategia muy común por la que la banca suele rebajar las condiciones del préstamo hipotecario a cambio de que el cliente contrate otros productos con la entidad como seguros, cuentas o tarjetas.

Según consta en el anteproyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que analizó ayer el Consejo de Ministros, el banco tendrá la obligación de comunicarle al cliente cuánto le cuesta exactamente ese producto por separado, de forma que el hipotecado lo pueda valorar mejor al margen del lote con la hipoteca.

Dentro de esta reforma, el Ministerio de Economía planea regular el derecho del consumidor a convertir el préstamo denominado en una divisa extranjera a una moneda en la que esté recibiendo sus ingresos o que pertenezca al Estado en el que reside. De momento, el Ministerio no aclara si este cambio en las hipotecas multidivisa solo servirá en el futuro, o si se podrá aplicar a personas que ya las tengan en vigor.

Además, se pretende limitar y tasar las comisiones por amortización anticipada. Según explica Economía, tan solo se tendrá que compensar al prestamista por la “pérdida financiera durante un periodo y con unos porcentajes máximos previstos legalmente”.

En general, esta nueva legislación aspira a establecer nuevos mecanismos que refuercen la transparencia. Y para ello incluye unas fichas estandarizadas en las que se tendrá que informar al cliente de los riesgos y las cláusulas que contenga el crédito. 

Pero también se busca evitar la proliferación de nuevas rondas de demandas contra los bancos: aunque ya existe desde 2013 la firma manuscrita para suscribir que se comprenden las cláusulas, ahora se reforzará la labor del notario, que asesorará al cliente hipotecario, asegurándose de que éste entiende todo lo que firma. Por si acaso, se le hará rubricar que confirma haberlo asimilado todo. Y se añadirá un modelo estándar de contrato que debería blindar a las entidades de más denuncias ante los tribunales.