Bruselas fuerza al Gobierno a ceder más poder a la CNMC en energía

Más poder para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha remitido una carta a Bruselas en la que se compromete a reforzar la independencia de la CNMC. El Gobierno dará más competencias al regulador para fijar los peajes de acceso a la red de transporte y distribución de energía, aunque la misiva es lo suficientemente vaga como para que el Ejecutivo se reserve la última palabra, algo inaudito en el resto de la UE. Bruselas abrió un procedimiento a España al constatar que la CNMC es el único regulador de Europa que no fija los peajes, que suponen en torno a un tercio de la factura de la luz. Madrid, además, se compromete a acabar con el monopolio de Red Elécrica y Enagás en las interconexiones.

El Gobierno se procuró a sí mismo la pasada legislatura la capacidad de regular las condiciones de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica para poder hacer política industrial a través de la factura de la luz, ante las dificultades para diseñar otras políticas con un déficit público tan elevado. Esa potestad la tenía anteriormente la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) desde su creación en 2013. Por la puerta de atrás —en una disposición final de una ley que nada tenía que ver con el sector eléctrico—, la CNMC se quedó sin competencias para fijar los peajes, lo que supone un incumplimiento flagrante de las directivas de la UE. La Comisión abrió un procedimiento de infracción en 2015 —“España ha traspuesto incorrectamente varias normativas relativas a la independencia del regulador”, según el expediente, que establece que la CNMC debe “establecer o aprobar las tarifas de transporte y distribución”—, y el Ejecutivo ha esperado hasta el último día para reaccionar. Y lo ha hecho, de momento, solo a medias.

Algo no funciona en el mercado eléctrico. Los precios están por las nubes. El presidente Mariano Rajoy fía a las lluvias el abaratamiento de la luz. La regulación es enrevesada, casi inexplicable —según afirma la propia patronal Unesa— y en los últimos años ha permitido continuas transferencias de rentas a favor de unas pocas empresas, en parte gracias a incumplimientos flagrantes de la normativa europea como el que afecta a la CNMC.

Para arreglar ese lío, el ministro Álvaro Nadal se reunió con el comisario Miguel Arias Cañete —antaño su gran mentor en el PP— el 29 de noviembre. Nadal quería desencallar los numerosos expedientes abiertos contra España en materia energética. Casi todos ellos —cuatro de los cinco, que afectan a las renovables, la eficiencia energética, el agua y las operaciones de seguridad en alta mar de petróleo y gas— tienen el camino prácticamente expedito; están a punto de cerrarse, según las fuentes consultadas. Solo uno se le resiste a España porque requiere cambios legislativos de calado: el procedimiento abierto al quitarle competencias a la CNMC. Nadal trata de resolver el entuerto en una carta a Bruselas a la que ha tenido acceso EL PAÍS; las fuentes consultadas en Bruselas apuntan que es un buen “primer paso” por parte de España, pero añaden que probablemente hará falta algo más de ambición.

El ministro se negó el pasado viernes a modificar la regulación eléctrica ante el encarecimiento de la energía. Alegó que hay que pactar esos cambios con Bruselas. Lo que no dijo es que los primeros pasos para esos cambios ya están consensuados: esa carta, fechada el 30 de noviembre, apunta que España aprobará leyes con el objetivo de “despejar las dudas sobre el sistema y analizar modificaciones necesarias de manera acorde con las directivas europeas para permitir el cierre del expediente”. Las citadas directivas exigen “total independencia” del regulador para fijar los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución; el ministro Nadal es deliberadamente ambiguo en esa misiva, que no despeja todas las dudas acerca de la intervención del Gobierno en ese proceso, esencial para la formación de los precios. Sus principales promesas son las siguientes:

Peajes. Es la clave de la carta: el Gobierno está dispuesto a cambiar la estructura de los peajes. Actualmente la CNMC aprueba la metodología y el Gobierno fija las tarifas. Madrid está dispuesto a “aumentar las competencias” de la CNMC para que fije los peajes y tarifas de acceso a la red. Pero el texto establece un “mecanismo de doble lectura”: se trata de que la CNMC haga una propuesta, pero después sea el Gobierno quien fije los precios, que posteriormente recibirían el visto bueno del regulador. En caso de discrepancia, no deja claro cómo se resolverá. Fuentes del sector apuntan que el Ejecutivo es deliberadamente ambiguo: se reserva la última palabra. En caso de conflicto, en otros países son los tribunales o el Parlamento quienes toman la decisión final. De la misiva de Nadal no se puede concluir cuál será el método elegido, pero las fuentes consultadas en Bruselas apuntan que España aún debe clarificar ese aspecto si de veras quiere cerrar el caso.

Interconexiones: fin del monopolio de REE y Enagás. El Gobierno aceptará la definición de cliente mayorista de la Comisión Europea. Y está dispuesto a ampliar el número de gestores de las interconexiones —actualmente limitado a Red Eléctrica y Enagás— siempre que Francia haga lo mismo. Bruselas dio a España un ultimátum en septiembre para que acabara con el monopolio de Red Eléctrica y Enagás.

Inspección y sanciones. España promete aumentar “la capacidad sancionadora e inspectora” de la CNMC. El Gobierno se autotransfirió las funciones de inspección y obliga a que sean ejercidas por funcionarios. Además, la CNMC no puede imponer sanciones en asuntos clave. En gas “podría atribuirse la competencia de supervisión a la CNMC, manteniendo el Gobierno las competencias actuales”.