El Gobierno ultima el decreto para cumplir con Bruselas

El Ejecutivo interino del PP tiene preparado el decreto ley que recoge algunas de las medidas para atajar el déficit de las Administraciones Públicas este año y poder cumplir con el nuevo objetivo marcado por Bruselas, el 4,6% del PIB este año. Entre los cambios normativos se encuentra el endurecimiento del pago fraccionado del impuesto de sociedades que permitirá a la Administración Central ingresar alrededor de 6.000 millones de euros adicionales este mismo año.

Fuentes oficiales aseguran que el decreto ley se aprobará en las próximas semanas para que lo convalide el Congreso de los Diputados lo antes posible. De hecho, el Parlamento tiene un plazo de 30 días para avalarlo. El Gobierno espera que no le sea difícil sacar adelante esta norma porque considera que el resto de partidos no se opondrá a la medida, según las fuentes gubernamentales.

El calendario juega en contra del Ejecutivo porque los próximos pagos fraccionados a cuenta del impuesto de sociedades que tienen que desembolsar las empresas son en octubre y diciembre. El decreto debe estar aprobado para que en esas fechas ya se haya recuperado el funcionamiento de estos anticipos, que se calcularán sobre el resultado contable, sin tener en cuenta las exenciones ni los créditos fiscales y aplicándolos sobre dividendos y plusvalías.

Las cuentas públicas de la Administración Central están descontroladas. El último dato de déficit público referido al mes de julio mostró que los números rojos crecían un 20% en lugar de reducirse como era de esperar. El boquete abierto en el impuesto de sociedades a raíz de la reforma tributaria es una de las vías de agua por las que se nutre el déficit. El Ejecutivo popular redujo el tipo del impuesto del 28% al 25% y limitó drásticamente los pagos adelantados que las empresas hacían a cuenta del impuesto de sociedades. La consecuencia es que la recaudación del impuesto se está desplomando un 85% cuando el Gobierno había presupuestado un aumento del 10%.

Tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el de Economía, Luis de Guindos, admiten que habría que recuperar el antiguo mecanismo del pago fraccionado del impuesto de sociedades. Y así lo han comprometido con Bruselas. Esta medida supondría una inyección de unos 6.000 millones de euros para las debilitadas arcas públicas, según sus propios cálculos. En realidad es una operación de caja, porque se trataría de adelantar los pagos del próximo año a este ejercicio pero ayudaría a reducir el agujero presupuestario.

El decreto ley que ultima el Gobierno también contendría otras medidas que contribuirían a contener el déficit de este año para cumplir así con las exigencias de Bruselas. Además, aprovecharía la norma para aprobar otras cuestiones pendientes. Hacienda asegura que en cualquier caso se trataría de medidas que afectarían únicamente a este ejercicio presupuestario porque, insisten, no se quiere comprometer al próximo Ejecutivo en 2017.

Más ajustes

La Comisión Europea suavizó a finales de julio la senda de consolidación fiscal y decidió cancelar el procedimiento de sanción abierto a España tras el flagrante incumplimiento del objetivo de déficit del año pasado —las Administraciones Públicas registraron una desviación presupuestaria del 5,2% frente el 4,2% previsto—. A cambio, exige duros ajustes en 2017 y 2018.

La recuperación del pago fraccionado del impuesto de sociedades es el primer paso de una batería de medidas de ajuste que tiene pendiente el próximo Ejecutivo. En los dos próximos años está obligado a aprobar subidas de impuestos o recortes de gasto por importe de unos 5.000 millones al año. Estos tienen que tener carácter estructural. Es decir, que perduren en el tiempo con independencia del ciclo económico.