Unas 4.400 grandes empresas adelantarán 6.000 millones al fisco

Las empresas con una cifra de negocio superior a 20 millones tendrán que adelantar unos 6.000 millones este mismo año a Hacienda por el endurecimiento del sistema de pagos fraccionados a cuenta del impuesto de sociedades. Se trata de una de las medidas que el Gobierno interino del PP ha comprometido con Bruselas para embridar el déficit público. Unas 4.400 firmas tendrán que abonar entre un 20% y un 25% de su resultado contable en octubre y diciembre, según explican fuentes gubernamentales, que añaden que esta medida estará vigente mientras el déficit público esté por encima del 3% del PIB.

El expediente de sanción que la Comisión Europea ha abierto a España por incumplir el objetivo de déficit público el año pasado tiene consecuencias inmediatas para las grandes empresas. El Ministerio de Hacienda ultima la redacción de un real decreto por el que aumentará los pagos a cuenta del impuesto de sociedades de las empresas que ingresen más de 20 millones de euros. Pretende que paguen un tipo mínimo del 20% y un máximo del 25% (el tipo nominal del impuesto) sobre el resultado contable, una tasa impositiva muy superior a la que se aplicaba el año pasado. Al aplicarse sobre el resultado contable, se dejan fuera las argucias legales que utilizan las empresas para pagar menos, como las bases imponibles negativas generadas por las pérdidas registradas de los peores años de la crisis, y se ingresa más.

La medida afectará solo a las 4.400 grandes empresas con una cifra de negocio superior a esos 20 millones de euros, según confirman fuentes gubernamentales. Esta decisión supondrá un golpe a la tesorería de las empresas porque deberán adelantar a octubre y diciembre parte de los pagos que tendrían que realizar en julio del año siguiente. Además, como tiene un límite mínimo el Ejecutivo se asegura una fuerte inyección de liquidez. Las mismas fuentes gubernamentales explican que esta medida se mantendrá hasta que el déficit público esté por debajo de la sacrosanta meta del 3% del PIB, el tope por encima del cual la Comisión Europea activa el Procedimiento de Déficit Excesivo y obliga a tomar medidas para reducir estos números rojos. "En realidad es una operación de liquidez", confirman las fuentes del Ejecutivo en funciones.

El Gobierno espera con esta medida arañar entre 6.000 y 7.000 millones de euros que necesita para que las cuentas públicas no se descontrolen más. La recaudación está cayendo tanto por la reforma del IRPF como por el conjunto de medidas sobre el impuesto de sociedades. De hecho, el tributo que graba los beneficios empresariales está cosechando un 40% menos que el año anterior a estas alturas.

La Agencia Tributaria calcula que las medidas por los cambios en los pagos fraccionados del impuesto de sociedades tienen un impacto de 1.434 millones de euros. También contribuye a esta caída en la recaudación la suspensión de la limitación para que las empresas se apliquen las bases imponibles negativas. Hasta el año pasado las compañías solo podían atribuirse un 30% de los créditos fiscales y con la reforma ese límite subió al 70% lo que merma sustancialmente la recaudación.

Estos detalles amplían los que avanzó el pasado miércoles la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas. La Airef estima que la recaudación del impuesto de sociedades se está retrayendo en unos 9.000 millones frente a la recaudación anual de 25.000 millones de euros prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2016.

Prórroga del Presupuesto

El Gobierno en funciones del PP pretende aprobar la medida a través de un decreto ley que está ultimando pero tiene la dificultad de que está en funciones y no tiene garantías de reunir los apoyos para conseguir una mayoría suficiente con la que aprobarlo.

Es uno de los argumentos que utiliza el PP en la negociación con los otros partidos para tratar de conformar un Gobierno estable, además de la urgencia para aprobar los Presupuestos. Fuentes gubernamentales advierten de las consecuencias de no formar un Ejecutivo en las primeras semanas de agosto porque obligaría a prorrogar el Presupuesto de 2016 con todos los inconvenientes que ello provoca.

En este punto describen que con unos presupuestos prorrogados no podrían actualizarse ni el sueldo de los funcionarios ni las pensiones. Además, las comunidades autónomas tendrían que ceñirse al objetivo de déficit público aprobado en el Parlamento, del 0,3% del PIB, mucho más exigente que el 0,7% que figura en la nueva senda de consolidación que el Gobierno ha plasmado en el Programa de Estabilidad 2016-2019. Lo que el Gobierno olvida contar es que el Presupuesto estaría prorrogado como máximo hasta marzo, a partir de cuando se podrían actualizar todas las cifras presupuestarias con efectos retroactivos. Además, en 2011 el Ejecutivo del PP recién desembarcado en La Moncloa subió las pensiones mediante un real decreto, sin necesidad de Presupuesto. Lo que convierte en un débil argumento las amenazas del actual Ejecutivo para aprobar de forma urgente el Presupuesto, como medida de presión para acelerar la investidura.