Un retroceso económico e institucional

El resultado del referéndum del Reino Unido, cuyos ciudadanos se han decidido finalmente por abandonar la Unión Europea (el llamado Brexit), es, desde muchos puntos de vista y, desde luego, los más relevantes, una regresión institucional grave. Desde una perspectiva estrictamente política, confirma que, en contra de lo que propagan los políticos nacionalistas (el nacionalismo redentor, como el catalán), las consultas directas a la población constituyen un grave error cuando los votantes se ven obligados a elegir entre situaciones que producen consecuencias complejas. La cadena de efectos políticos del Brexit puede ser muy dañina para la idea de la integración europea (viabilidad política y económica), como demuestra la inmediata reacción de los fundamentalismos nacionalistas europeos pidiendo consultas a tontas y a locas; al fin y el cabo, el sí a la separación de los británicos justifica que la separación pueda tener éxito en otros países. De las consecuencias, de los costes para los ciudadanos (menos crecimiento potencial, menos renta, menos empleo, menos seguridad institucional para todos), nadie se preocupa hoy; y cuando inevitablemente haya que pagar los costes, se cargarán impunemente sobre los contribuyentes, a cambio de retórica de mercadillo.

Desde un punto de vista económico, se aproxima un trimestre (quizá el verano atenúe el vendaval) de volatilidad en los mercados (valores, deuda) y una pérdida de valor (por el momento difícilmente cuantificable) de empresas y patrimonios, que sólo, si bien no será desastroso como se empeña en indicar el histerismo lógico del primer golpe, tendrá que asimilarse en los próximos trimestres. A vista de pájaro, la situación global implica un debilitamiento relativo del euro frente a sus competidores (dólar, yuan, yen): el PIB de la UE disminuye en casi 3 billones de euros; sus exportaciones caerán en torno al 9% y las importaciones casi el 11%; y la población de la unión (mercado potencial) desciende en casi 65 millones de habitantes. El Brexit obliga además a una negociación sobre la salida efectiva de Reino Unido (dos años después de la solicitud de abandono) que provocará nuevos episodios de inestabilidad en los mercados y quizá más deterioro de las rentas europeas.

Si se describen las consecuencias desde una distancia más corta, el cuadro es inquietante. Es probable que en Reino Unido se inicie una fuga de empresas; se localizarán en Europa para pagar menos aranceles. Además de las pérdidas de valor en los mercados, las empresas europeas se verán obligadas a reconsiderar sus decisiones de inversión —el caso de Iberdrola puede ser un buen ejemplo— y su estrategia corporativa. Y pueden transmitirse dos problemas espinosos al sistema bancario: 1. A menor expectativa de crecimiento, más morosidad; 2. El valor de las inversiones realizadas en el Reino Unido (Santander, Sabadell) se depreciará.

La opción política inmediata más razonable es minimizar, a través de la negociación, los daños económicos y políticos a medio y largo plazo. La tarea inmediata es evitar que el Brexit se convierta en el principio de la desintegración paulatina de la unión, el peor de los escenarios que sí tendría consecuencias catastróficas para todos los países. En la práctica, eso implica una negociación abierta, sin prejuicios y sin dejarse llevar por imponer represalias económicas o políticas. Es más sensato mantener estrechos contactos comerciales y financieros con Londres. Porque, tampoco hay que olvidarlo, los ciudadanos británicos van a sufrir más a corto plazo las consecuencias del referéndum que los continentales. Hay quien calcula el coste para cada británico en 3.000 euros anuales durante los próximos cuatro años. Es esencial, además de contener la disgregación, no debilitar la posición económica de la eurozona ante sus competidores.