Deloitte recurre su imputación por la salida a Bolsa de Bankia

El exfiscal y abogado del bufete Baker & McKenzie, Jesús Santos, a cargo de la defensa penal de la auditora Deloitte, ha recurrido el pasado viernes, día 3 de junio, la imputación de la firma en el caso de la salida a Bolsa de Bankia.

Santos, según fuentes jurídicas, busca evitar que Deloitte sufra en Bankia una situación parecida a la que acabó con la auditora Arthur Andersen a raíz del escándalo de la empresa eléctrica Enron en Estados Unidos, que fue adquirida en 2002 precisamente por Deloitte. Una decisión de calificar a la auditora como responsable civil subsidiario tendría consecuencias devastadoras.

Deloitte, según esas fuentes, prepara un informe exhaustivo sobre los trabajos desarrollados en el proceso de fusión de las siete cajas de ahorro que dieron nacimiento a Bankia y en la salida a Bolsa, en julio de 2011.

La auditora prepara un informe sobre su trabajo en la fusión que dio lugar a Bankia

De testigo a investigado

En su recurso ante el juez, Santos justifica la apelación contra la providencia, que no auto, por la cual se imputó el pasado 19 de mayo a la firma auditora y cambió la situación procesal de su socio, Francisco Celma, de testigo a investigado, por tratarse de una decisión clave en el procedimiento.

El juez Fernando Andreu, que ha citado a no pocos imputados/investigados por providencia, puede, al resolver el recurso, motivar las razones de la imputación, solicitada por dos acusaciones populares y respaldada por el fiscal Alejandro Luzón. Se baraja también un aplazamiento de la declaración prevista para el 20 de junio.

Fue el escrito de Luzón, al apoyar la imputación, el que proyectó en Bankia la sombra de Enron. El fiscal apuntaba una posible “conducta dolosa” de la auditora y evocaba la sentencia del Tribunal Supremo de 2002, caso Banesto. Al apreciar delito en los artificios contables, el tribunal elevó la condena de Mario Conde de 10 a 20 años de cárcel. Dicha sentencia se refería a la crisis de Enron.

Por ello, Santos dedica gran parte de su recurso a explicar que la sociedad auditora como persona jurídica presenta una “singularidad” respecto a otras sociedades. Se trata, sostiene, de una sociedad profesional y el socio auditor responsable –en este caso Francisco Celma- hace su trabajo “bajo el principio de autonomía e independencia técnica”.

El escrito apunta que “la actividad penalmente ilícita del socio auditor que desarrolla el encargo no es imputable a la sociedad de auditoría”. Y protesta por “el daño reputacional ocasionado a Deloitte al situarla al final de la instrucción judicial en la condición de investigada sin haber tenido participación alguna en el desarrollo de la misma”.

Recuerda Santos que el fiscal apoyó que el actual secretario del consejo de administración de Bankia, Miguel Crespo, declarase como testigo por las consecuencias negativas que le acarrearía el “estigma” de citarle como imputado, dado el grado de su participación en los hechos.

Con todo, la imputación de Crespo está pendiente de decisión del juez habida cuenta de que los peritos judiciales han descrito que tanto él como otros dos administradores "recibieron aportaciones en sus respectivos fondos de pensiones de modo irregular dado que no habían sido aprobados por ningún órgano competente".

En la causa está incorporado el expediente sancionador del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) contra Deloitte, por falta muy grave y falta grave, con una multa de 12 millones de euros, recurrida en alzada ante el ministro de Economía, por participar en la reformulación de las cuentas de Bankia que ella misma había auditado previamente para la salida a Bolsa y por carecer de los documentos de comprobación de los valores de las cajas que se fusionaron en 2011.