La Audiencia Nacional avala las quitas que el Estado impuso a las preferentes
El tribunal recuerda a los afectados que la actuación del FROB les ha permitido recuperar parte de su inversión inicial “a costa del resto de los ciudadanos”
La Audiencia Nacional ha avalado, en al menos tres sentencias recientes, las quitas que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Estado, impuso a los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada de Bankia, Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia ante el rescate de esas entidades en 2013 con miles de millones de dinero público. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia rechaza los recursos de los preferentistas y les recuerda que la actuación del FROB les ha permitido recuperar parte de su inversión inicial “a costa del resto de los ciudadanos”.
La Sección Sexta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dado un notable revés a los intereses de los dueños de preferentes y tenedores de deuda subordinada, y ha respaldado la actuación del FROB, que cargó sobre sus hombros parte del coste del rescate, siguiendo la Ley 9/2012 de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito.
Esta norma establece dos principios de interés general. El primero es evitar que la quiebra de un banco repercuta en el sistema financiero y en la economía nacional en su conjunto. Para ello, la Ley creó el FROB y le otorgó poderes ejecutivos de intervención que una de las sentencias califica de “exorbitantes”.
El segundo principio es que el rescate de las entidades en dificultades se haga con el menor coste posible para el contribuyente. Para ello, impone que los accionistas, como propietarios de la entidad, y, en segunda instancia, los acreedores más subordinados, soporten una parte de las pérdidas en beneficio de las arcas públicas.
Medidas “coactivas” que “no suponen una expropiación”
Las quitas en el valor de las participaciones preferentes y deuda subordinada impuestas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para reflotar las entidades financieras en quiebra por la crisis tienen “carácter coactivo”, pero no son equivalentes a una expropiación. Así lo considera la Audiencia Nacional en sus sentencias recientes en las que rechazan los recursos interpuestos por una serie de inversores integrados en la asociación Adicae.
“No hay desplazamiento patrimonial de derechos o títulos a favor del FROB, característico en toda expropiación, sino una concreción de su valor actual, teniendo en cuenta la situación patrimonial de la entidad y la normativa comunitaria que regula las ayudas de Estado”, afirma una de las sentencias sobre la quita de Catalunya Caixa. “Los obligacionistas no han sido desposeidos de derecho alguno, sino que se les ha dado a sus títulos una nueva valoración”, dice la sentencia de Bankia.
Esta misma resolución advierte a la inversora recurrente que la pérdida patrimonial que ha sufrido en el procedimiento administrativo del FROB también se hubiera producido en el marco de una liquidación mercantil. “Es precisamente la intervención de la Administración la que ha evitado la pérdida de la inversión”, zanja.
Pérdidas del 60%
El reflotamiento de Catalunya Caixa —marca comercial de Catalunya Banc— requirió una inyección del FROB de 9.084 millones de euros el 26 de diciembre de 2012. Nueve días antes, el organismo público convirtió en acciones los 1.250 millones de euros en participaciones preferentes que había adquirido en 2010 para facilitar la fusión de las tres cajas catalanas (Catalunya, Tarragona y Manresa) que la integran, y a continuación redujo a cero su capital social, absorbiendo las pérdidas por todo el volumen de títulos.
En junio de 2013, el FROB, en la resolución que tratan de combatir los inversores, obligó a estos a vender al fondo de rescate sus participaciones preferentes de Catalunya Banc al precio fijado por la consultora Ernst & Young y tres expertos independientes (Barclays, HSBC y BDO) designados por el FROB. A los preferentistas se les impide legalmente cobrar del FROB el precio fijado por la compraventa y se les obliga a reinvertir ese dinero en adquirir acciones de la entidad financiera. Los preferentistas de Caixa Catalunya sufren así una quita media del 60,57%.
En el caso de Nova Caixa Galicia (NCG) Banco, el mecanismo fue similar. La entidad gallega precisó una inyección pública de 7.890 millones de euros, así como la adquisición de preferentes por el FROB por otros 1.162 millones, que también fueron reducidos a cero tras convertirlas en acciones ordinarias. La quita que soportaron los titulares de preferentes fue del 51,25%.
Bankia es el caso más extremo. La entidad madrileña, sucesora de Caja Madrid y Bancaja, requirió para su reestructuración inyecciones de capital de 17.959 millones de euros, según la sentencia. Los inversores que suscribieron los títulos de la entidad en su salida a bolsa, en julio de 2011 —con un folleto con datos que no reflejaban la verdadera situación de la entidad— vieron cómo sus acciones se desplomaban en pocas semanas.
Las sentencias de lo Contencioso-Administrativo se refieren únicamente a la gestión por parte del FROB de la situación de insolvencia de las entidades financieras y no entran, porque no es su competencia, en la actuación de los organismos reguladores o en la legalidad de la adquisición de los productos financieros. Y el respaldo judicial a la gestión de la crisis financiera es absoluto: “La actuación del FROB no es la causa de la situación económica de la entidad bancaria, sino la solución (...) que ha permitido que los acreedores (...) hayan podido recuperar parte de su inversión inicial, que de otro modo no hubieran podido percibir”.
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