El Estado pagará 3.835 millones de euros a los clientes de Bankia

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, comentó ayer en la junta de accionistas que el banco ha provisionado 4.100 millones para hacer frente a las indemnizaciones de los clientes que compraron preferentes o acudieron a la salida a Bolsa. De este dinero, 3.835 millones correrán a cargo del Estado, que controla el 64% de Bankia. No son nuevas aportaciones públicas, pero es un dinero que el banco destina a los clientes engañados y no lo devuelve a los contribuyentes.

En su discurso, el presidente dijo que el grupo ha generado 6.800 millones de capital pese a que hubo “que provisionar 4.100 millones para las preferentes, subordinadas y la salida a Bolsa, cantidades que no estaban previstas”. Sin embargo, el 93,5% de esa inmensa cantidad no recaerá sobre los accionistas privados de Bankia, que tienen el 36% de los títulos, sino sobre los contribuyentes.

El desglose de la factura es el siguiente: la matriz del grupo, BFA, que es del Estado, ha pagado 2.260 millones como devolución de la inversión en preferentes a los clientes que se sometieron a un arbitraje. Aún mantiene negociaciones con los casi 100.000 clientes que quedaron fuera del arbitraje. Además, el Estado se hará cargo del 60% de los pagos a los clientes por la fallida salida a Bolsa de julio de 2011, que puede costar otros 1.104 millones. El 40% restante, en primera pérdida, será Bankia quien lo asuma, pero como el 64% del capital es de los contribuyentes, se suman otros 471 millones más a la factura.

En total, el fiasco de la mala comercialización de las preferentes en tiempos de Miguel Blesa en Caja Madrid y de la fallida salida a Bolsa bajo el mandato de Rodrigo Rato costará 3.835 millones a los contribuyentes. No son ayudas adicionales, sino recursos generados por Bankia, que recibió 22.424 millones del Estado, y que destinará a compensar a los clientes engañados en lugar de a los ciudadanos.

Hasta la fecha, BFA-Bankia ha desembolsado 2.618 millones, ya que ayer anunció que ha devuelto en tres semanas 358 millones a 76.443 accionistas que acudieron a la salida a Bolsa, lo que supone la liquidación del 61% del total de 125.415 solicitudes presentadas. El plazo medio de gestión de las solicitudes es de 9,3 días, añadió.

Este dinero solo representa el 20% de los 1.840 millones que la entidad calculó que tendría que entregar a los 200.000 que acudieron a la salida a Bolsa, incluidas las costas judiciales.

La decisión de devolver el dinero invertido ha marcado el discurso de Goirigolzarri así como de los primeros accionistas que han tomado la palabra, que se han quejado de la tardanza en tomar esta medida “después de tanto sufrimiento. Lo ha hecho porque no ha tenido más remedio”, le recriminó un accionista, en referencia a la sentencia del Supremo.

Goirigolzarri afirmó que no creía en la banca pública porque no era útil para devolver las ayudas. “No conozco un banco público sostenible. Me sorprende que se haya olvidado tan pronto el efecto de tener intereses políticos en la gestión bancaria”, afirmó en velada alusión a las cajas.

Los accionistas, muchos representantes sindicales, se quejaron de las largas jornadas y la imposibilidad de conciliar los horarios con la familia. El presidente dijo estar dispuesto a negociar, pero advirtió de que “el sector ha cambiado radicalmente y ya nada será igual que hace 10 años. Las antiguas cajas no podemos tener peor convenio que los bancos”. De lo contrario, “el futuro es inexistente”. Negó practicar desahucios a sus clientes: “Hemos realizado 4.000 daciones en pago, 1.987 viviendas nuestras se han entregado al fondo social y se han readecuado 100.000 hipotecas. Pero todo esto es el efecto de un problema cuya solución es social y excede al banco”, concluyó.