Subasteros 2.0

Un martes a las diez de la mañana, en una fría sala de audiencias de los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid, un secretario judicial recita con voz mecánica, a toda velocidad, algo sobre un lote y unos terrenos. La subasta acaba en apenas unos minutos —dos pujas y adjudicado— y el visitante neófito no se ha enterado de nada. Afuera, la cosa no mejora si intenta expurgar información en los tablones de anuncios o en carpetones que le extienden funcionarios desganados, en papeles repletos de palabras mágicas como lanzamiento, certificación de cargas o tercería de dominio…

El ambiente y los procedimientos de las subastas judiciales, absolutamente hostiles para particulares primerizos en estas lides, las han convertido siempre en un terreno acotado para unos pocos: los licitadores profesionales, como prefieren ellos, o subasteros, como se les conoce popularmente, que se dedican a comprar bienes hipotecados (normalmente pisos) para venderlos un poco más caros o a ayudar a otros a adquirirlos a cambio de un sueldo. Los sucesivos Gobiernos llevan más de una década prometiendo acabar con ese coto privado —cuya leyenda negra incluye tácticas mafiosas para amañar precios o sacarle los cuartos a desavisados compradores—, a base de hacer llegar más información al público en general y, a partir de ahora, con las largamente prometidas subastas electrónicas.

Desde el pasado 15 de octubre, todas las pujas judiciales y notariales (pueden ser de casas o terrenos, pero también cualquier otro bien hipotecado como un coche o una joya) que se convoquen se harán a través de Internet. Cualquier usuario desde cualquier parte podrá participar de forma telemática una vez que se haya dado de alta (con firma electrónica autorizada) en el portal que centraliza todos los procesos (https://subastas.boe.es) y haya puesto un depósito, un aval del 5% del valor del bien en juego. Las pujas estarán abiertas durante 20 días.

Con este nuevo sistema, el Gobierno espera ahorrar costes y atraer a más participantes para que no se queden tantos procesos desiertos (ahora son en torno al 95%) y para conseguir precios más altos. El año pasado hubo 67.000 subastas judiciales en toda España.

De momento, no se ha convocado ninguna con el nuevo modelo electrónico, y continúan las presenciales que ya estaban convocadas. En los juzgados hipotecarios de Plaza Castilla de Madrid, por ejemplo, las habrá por lo menos hasta finales de año. Allí, un martes sobre las 10.10 de la mañana, entre funcionarios y visitantes con caras compungidas que acaban de perder definitivamente su piso, había un subastero.

Hombre fornido de unos 50 años, con buena presencia pero sin traje, y unos ojos claros que miran alternativamente al suelo, al interlocutor y al fondo del pasillo, se niega a dar su nombre, porque, asegura, la prensa nunca refleja lo que él considera la verdad, véase: que no hay mafia subastera desde hace 40 años, solo unos profesionales sin los cuales todas las subastas quedarían desiertas porque ningún particular va a soportar las trabas burocráticas, los retrasos y todas las cosas que judicialmente se pueden torcer. Enseña una documentación que demuestra que todavía está esperando que le entreguen un inmueble comprado hace dos años.

“Poner el cazo”

Dos son las tácticas clásicas que han alimentado la leyenda negra de los subasteros y ahuyentado tradicionalmente de las pujas al público en general. La primera es la de pactar precios: por ejemplo, dos licitadores pujaban, uno con un precio muy alto y otro muy bajo; el primero evidentemente ganaba, pero al final, en el momento de pagar, se retiraba, dejando el piso al siguiente por un precio ridículo. Tristán el subastero, alias tras el que se esconde un licitador desde los años noventa que mantiene la página Subastanomics.com, asegura que eso hace mucho tiempo que no ocurre, que él solo ha visto intentos como ese un par de veces y nunca han funcionado. Sí admite que puede seguir habiendo gente que, en vez de ir a pujar, “van a poner el cazo”. Esto funciona de la siguiente manera: justo antes de una subasta, un grupo de licitadores amenaza a algún comprador con pujar fuerte, haciendo subir el precio final de compra, a no ser que les den dinero, en cuyo caso se retirarían. Así le sucedió exactamente hace apenas unos meses a una pareja (que prefiere no dar su nombre) en un juzgado de Madrid. Este tipo de extorsiones, con los procesos online, serán imposibles.

Murcia fue la comunidad pionera en las subastas judiciales electrónicas; lo hizo en 2007 y en los cuatro primeros años que estuvo en vigor, el precio medio de los subastado aumentó entre un 20% y un 25%. Cuando se puso en marcha hace ya ocho años, también se anunció el fin de los subasteros. Sin embargo, allí sigue trabajando Francisco Calvo, dueño de Subastas Únicas. Tiene 62 años y lleva 25 dedicado al negocio. Desde que se puso en marcha el sistema online en Murcia, los que han desaparecido son los “que se dedicaban a manipular precios”, es decir, la parte mafiosa, asegura. 

"Precipitación"

A Raúl González, de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (que ahora se llaman letrados de la Administración de Justicia) el nuevo sistema le parece un paso adelante a favor de la transparencia. Así lo cree también Rafael Lafuente, portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales, sin embargo, se queja de la “precipitación e improvisación” en la puesta en marcha por parte del Ministerio de Justicia. Lafuente asegura que la mayoría de letrados (que son los que controlan todo el proceso) no se atreven aún a convocar con el nuevo sistema por falta de preparación (muchos aún no ha recibido curso alguno) y, sobre todo, porque temen la inseguridad jurídica que les puede causar que aún no se haya publicado un real decreto clave, el que establece el sistema de gestión de los depósitos necesarios para participar en las subastas. El Gobierno tiene previsto aprobar ese real decreto en uno de los próximos Consejos de Ministros, según fuentes de Justicia.

Algunos subasteros, por su parte, también tienen sus propias quejas. Por ejemplo, aquel licitador madrileño que frecuenta los juzgados de Plaza Castilla y prefiere no dar su nombre, cree que lo que viene va a ser un desastre: “Lo único que van a conseguir es recaudar aún menos de lo que recaudan por el impuesto de transmisiones patrimoniales y dejar fuera a los mayores que no se saben manejar en Internet. ¿Por qué no lo hacen como en Hacienda o como en los juzgados de Murcia, que tienen posibilidad de pujar online y presencia?”.

Hacienda, efectivamente, tiene ese sistema mixto para subastar los bienes embargados por impagos al fisco: se fija un día y, durante una hora, se puede pujar levantando la manita en una sala o apretando un botón desde tu casa. Lo mismo ocurría hasta ahora en los juzgados murcianos. El Ministerio de Justicia explica se prefirió el modelo solo por Internet por su “simplicidad y sencillez", la combinación de la forma "presencial y online presentaba mucha complejidad". 

"Al final todo funciona"

Calvo no entiende muy bien por qué no se ha aplicado directamente el sistema murciano, que tan bien ha funcionado, pero se resigna: “Quedan muchos flecos por cerrar, pero bueno, al final todo funciona”. Tristán el Subastero predice un aumento importante de la participación de particulares y la retirada de muchos licitadores, pero la reconversión de algunos y llegada de otros, pues se trata de procedimientos legales que, por mucho que se quieran simplificar, tienen sus complicaciones y también sus riesgos. Para empezar, muchas veces se compra a ciegas porque no se puede ver el bien embargado, que puede estar completamente deteriorado por dentro. A veces, los antiguos dueños de la casa se resisten a irse y muchos buscan resquicios judiciales o fallos de procedimiento (que los hay) que retrasan todo y pueden convertir el proceso en un infierno. “Yo he llegado a esperar siete años a que me entregaran un piso”, añade Tristán.

Así que, unas cosas cambiarán (ya no habrá corrillos en los pasillos de los juzgados, sino días de búsquedas por Internet e interminables noches de pujas en pijama) y otras no (el cálculo de rentabilidades, las visitas a los pisos en busca de pistas sobre su estado y su valor, el baile burocrático). Y Calvo sabe que los profesionales siempre tendrán ventaja sobre el resto. Pone un solo ejemplo: “Hasta ahora, desde que se convoca hasta que se celebra la subasta, pueden pasar tres meses, durante los cuales cualquiera puede estudiar la información para ver si se trata de una buena inversión. Ahora, la información solo será accesible desde el primer día de la subasta [las pujas online estarán abiertas 20 días]”. Y un profesional especializado, aduce, no deja de revisar información. “Claramente llevo las de ganar”, zanja.