Ruiz-Mateos no acude a un juicio y aduce problemas de salud

Un juez de Valladolid ha ordenado esta mañana una orden de busca y captura contra el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada por no acudir a un juicio en el que estaba citado como imputado. La orden judicial, sin embargo, ha quedado paralizada por la tarde, hasta que se compruebe si es cierto que el fundador del Grupo Rumasa no se presentó por problemas de salud. Tanto él como su hijo José María Ruiz-Mateos Rivero, que sí ha acudido, y una supuesta testaferro tenían que responder de dos delitos fiscales cometidos en 2009 a través de una empresa pantalla y cuya cuantía superaría los 8 millones de euros. Podría costarles 10 años de prisión.

Las correspondientes órdenes de busca y captura han sido libradas por el juez de Penal número 1 de Valladolid, Álvaro de Aza Barazón, tras suspender la vista fijada para hoy y que ha quedado pospuesta para el día 20 de octubre. Todo a pesar de que el letrado del fundador de Grupo Rumasa alegara motivos médicos para excusar su incomparecencia y asegurara que esta misma madrugada su cliente, de 84 años, tuvo que ser ingresado por la noche de urgencia en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. En concreto, se le ha colocado un marcapasos.

El abogado ha presentado por la tarde una copia de su ingreso hospitalario, que estudiará mañana el juez, ya que se requiere el original para evitar una posible orden de busca y captura. La ausencia del empresario ha obligado a suspender el proceso, con la conformidad de todas las partes, toda vez que es absolutamente imprescindible que el procesado asista al juicio cuando la pena solicitada para él supera los dos años, como es este el caso.

Obstáculos al forense

El juez no considera, sin embargo, justificada la ausencia del empresario, dado que desde el pasado viernes ya comunicó su indisposición, según ha advertido el acusador público, y puesto que ha estado poniendo trabas para que un forense de Madrid acudiera a su domicilio a someterle a un reconocimiento.

Por ello, el juez ha pedido la búsqueda y detención del Ruiz-Mateos padre, medida que quedaría en suspenso si finalmente acredita que su ingreso hospitalario de urgencia está perfectamente justificado.

Ruiz-Mateos y su hijo, del mismo nombre, se exponen cada uno a una condena de diez años de prisión, frente a los ocho años que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por la Agencia Estatal Tributaria, solicitan para la mujer imputada, Encarnación Solana Contreras, así como al desembolso entre los tres de multas que globalmente se elevan a los 126 millones de euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su escrito de calificación provisional, las acusaciones imputan a los Ruiz-Mateos la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, con utilización de persona interpuesta y de especial gravedad, atendiendo al importe defraudado, y solicitan para cada uno de los dos procesados cinco años de prisión por cada delito y el pago de multas de 18 millones por la defraudación correspondiente al Impuesto de Sociedades y otros 29 millones por la defraudación relativa al IVA.

La tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, en calidad de cooperadora necesaria, se expone a dos penas de cuatro años por cada uno de ambos delitos y al pago de multas por importe de 12 y 20 millones por la defraudación del Impuesto de Sociedades y del IVA, respectivamente.

De tales cantidades, los acusadores sitúan a Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. como responsable directa y solidaria. Además, a todos los acusados se les impondría por cada uno de los delitos la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de seis años.

Los hechos se remontan a 2008, cuando los Ruiz-Mateos, aprovechando las relaciones comerciales que tenían con los propietarios de la mercantil vallisoletana Perfil Inmobiliario Extramuros S.L, ofrecieron a estos últimos hacerse con la propiedad de su sociedad.

Una finca en Reus

Aunque la firma de la venta de participaciones, sin abonar cantidad alguna, no se materializó hasta el 30 de marzo de 2009 en favor de otra sociedad pantalla llamada Sandersfierld Limited, con domicilio en Belice, 'paraíso fiscal', con anterioridad, el 22 de julio de 2008, siguiendo las instrucciones de los Ruiz-Mateos, Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. adquirió una finca en Reus por importe de 6.005.060,52 euros.

La empresa vallisoletana vendió a posteriori dicha finca a SNH-Participaciones SL por 35.999.999 euros. En el acto de firma de la escritura de venta compareció la tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, a quien los Ruiz-Mateos colocaron en calidad de administradora única pero que en realidad, según sostienen el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por el Abogado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, era simplemente una testaferro que ya realizaba tareas administrativas en otras entidades pertenecientes al grupo de empresas del industrial jerezano.

Tras la venta de la finca, Perfil Inmobiliario no presentó declaración de sociedades del año 2009, ascendiendo la cuantía tributaria defraudada por este concepto a 3.021.994,15 euros, importe al que habría que sumar otros 4.957.517,12 euros correspondientes al IVA no ingresado por la operación de venta de la finca de Reus, con lo que el montante global superaría los 8 millones de euros.