Bruselas impide bajar impuestos

España no puede bajar impuestos. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión, no ve margen para que el Gobierno de Rajoy reforme a la baja el sistema tributario con vistas a las próximas elecciones: España cumplirá con los objetivos de déficit público este año, pero tendrá serios problemas en 2015 y 2016, y además presenta una de las presiones fiscales más bajas de Europa.

Técnicamente, Bruselas quiere poco más o menos lo contrario, según las recomendaciones específicas por países publicadas: la Comisión reclama subir el IVA, los impuestos medioambientales y los tributos que gravan la propiedad, a cambio de una rebaja de las cotizaciones sociales a los trabajadores con sueldos más bajos. Y, a la vez, pide la eliminación de las deducciones “ineficientes” del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta: más subidas, de facto, en esas dos figuras.

Eso es en el plano técnico, porque políticamente la situación ha cambiado. España juega con viento a favor: ha hecho reformas y lleva años de recortes, siendo el alumno aplicado de Europa (a pesar de que el déficit público no termina de bajar, ni la deuda deja de subir, ni el paro acaba de caer desde las alturas, ni el crecimiento de aparecer de veras, pero esa es otra historia). Y sobre todo la Comisión tiene ahora en el punto de mira a otros países.

El presidente José Manuel Barroso y el vicepresidente Olli Rehn castigaron a Francia e Italia con andanadas que hasta no hace mucho dedicaban a España. Ese es el pulso: Bruselas-París, Bruselas-Roma. Rajoy puede parapetarse ahora tras esas dos columnas, a la vista de que tanto Francia como Italia van a activar políticas parecidas a las que España necesita y es improbable que Bruselas tenga el poderío suficiente para castigar a dos de las grandes economías del euro en plena batalla institucional y tras el redoble de tambores que han dado los radicales en las elecciones europeas.

Rajoy debería subir el IVA e impuestos medioambientales y sobre la propiedad

La Comisión Barroso hizo una especie de testamento político cargado de paradojas. “La receta de estos años ha funcionado: la economía crece y empieza a crear empleo”, arrancó el presidente, pese a que la recuperación “es frágil y con altos niveles de paro”, como él mismo reconoció. No hay cambio de discurso: “Nunca ha habido contradicción entre austeridad y crecimiento en nuestras políticas: hay que seguir con la consolidación fiscal, porque no hay que olvidar que el pánico en los mercados se produjo por las finanzas públicas insostenibles de muchos países, pero la prioridad europea es el crecimiento y el empleo”.

Con ganas de reivindicarse, el presidente Barroso aseguró que la austeridad “nunca fue un fin en sí mismo”; “la crisis ha dejado un duro legado, pero la economía europea ha progresado mucho y no es el momento de cambiar de política: no hay que bajar la guardia ahora que los mercados no presionan”, abundó Rehn. En otras palabras: Europa debe seguir aplicando sus reglas fiscales, si bien esos códigos —basados en los recortes y reformas de toda la vida— pueden aplicarse con cierta flexibilidad, como se verá en los casos francés e italiano.

Frente a ese recetario, las capitales empiezan a usar sus propias fórmulas. Rajoy ha anunciado este fin de semana un estímulo de 3.600 millones (hasta 6.300 millones si se contabiliza lo que financia el sector privado) para “reindustrializar” España, además de una rebaja del impuesto de sociedades para grandes empresas.

A cambio, podría  bajar las cotizaciones sociales para los sueldos más bajos

En otras épocas, y con el déficit aún en el 7% del PIB, esas dos medidas hubieran provocado el varapalo automático de Rehn, que pasó de largo por esa curva. Simultáneamente, Italia, a través del primer ministro, Matteo Renzi, advierte de que las recetas de la Comisión no funcionan y se resiste a hacer el ajuste estructural que recomienda Bruselas. Francia reclama también más flexibilidad para los objetivos de déficit.

Ese eje Roma-París-Madrid —por ahora solo virtual—, la constatación de que la economía europea no levanta el vuelo y las consecuencias del resultado electoral pesan más que las recomendaciones de Bruselas. ¿La prueba? Rehn y Barroso sacudieron con fuerza a París y explicaron que difícilmente cumplirá sus objetivos, por lo que pidieron más recortes; el Gobierno francés, lejos de montar en cólera, hizo oídos sordos: el ministro Michel Sapin dijo que la evaluación de Bruselas “valida” el programa de ajuste francés.

Pero las recomendaciones están ahí, y el viento podría volver a cambiar. En el caso español son calcadas a las de otros años: junto a la ortodoxia en materia fiscal —que básicamente impediría a Rajoy cumplir con sus promesas electorales de bajar impuestos—, ortodoxia en el plano laboral. La Comisión pidió “nuevas medidas” en el mercado de trabajo, como la reducción del número de tipos de contrato. Bruselas se atrevió incluso con un nivel de concreción inusitado en lo relativo a las prestaciones de paro: la Comisión recomienda “reforzar los requisitos de búsqueda de empleo para la percepción de las prestaciones”. En otras palabras, retirar el subsidio a quien no acepte una oferta de trabajo.

Europa aconseja más rebajas de sueldos y reducir los tipos de contrato

Con el mismo lenguaje oscuro, Bruselas reclama que “la evolución de los salarios reales sea coherente con el objetivo de creación de empleo”: la Comisión se alinea así con el FMI en su petición de que los sueldos bajen más. Junto con eso, el Gobierno “tiene que acelerar la modernización de los servicios de empleo”, “mejorar la eficacia de las políticas de empleo” y “poner en marcha cuanto antes la garantía juvenil”, una medida financiada por Bruselas que persigue proporcionar un empleo o prácticas remuneradas a menores de 25 años que pierdan el empleo o dejen de estudiar.

El resto de consejos de la Comisión son los de siempre, los que se repiten en cada informe, en cada comparecencia pública, en cada declaración. Una miscelánea que incluye la eliminación del déficit eléctrico; la búsqueda de una solución al problema de las autopistas insolventes para minimizar los costes para el Estado; la aprobación de la ley de servicios profesionales, y la culminación de la reforma bancaria, entre otros asuntos.

La Comisión reclama que se evalúe mejor la inversión en infraestructuras

Aunque el informe deja también dos tirones de oreja mayúsculos. Uno, social: “A raíz de la crisis, España ha registrado uno de los mayores niveles de desigualdad de renta de la Unión”; el reparto de cargas, en fin, ha sido más injusto que en otros lugares. Y dos, político: Bruselas reclama “establecer, antes de finales de 2014, un observatorio independiente que contribuya a la evaluación de los grandes proyectos futuros de infraestructura”. El estudio no cita los aeropuertos de Castellón o Murcia, la Ciudad de la Justicia de Madrid, el metro de Málaga, tantos otros casos. “Pero esos y muchos otros son los ejemplos que están detrás de esa recomendación”, apunta una fuente europea.