Hacienda volverá a congelar el sueldo a los empleados públicos en 2014

Los empleados públicos volverán a soportar en sus nóminas parte del ajuste que el Gobierno tiene que realizar en las cuentas públicas el próximo año. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comunicó ayer a los sindicatos de funcionarios que volverá a congelar por cuarto año consecutivo el sueldo de todos los trabajadores públicos (funcionarios, personal laboral, interinos y eventuales) en los Presupuestos de 2014 que hoy se presentan en el consejo de ministros. La congelación del sueldo de los funcionarios supone una nueva pérdida de poder adquisitivo que se suma a la que sufren asalariados privados y pensionistas en un proceso de devaluación interna que el Gobierno está aplicando como receta frente a la crisis.

Los funcionarios acumulan recortes en sus salarios y en sus derechos desde que estalló en 2010 la crisis de la deuda en los países periféricos e impactó de lleno sobre España. En aquel año, el anterior Gobierno socialista comenzó la oleada de recortes y rebajó un 5% de media el salario base de los empleados públicos. Desde entonces las nóminas de los trabajadores al servicio de la Administración no se han actualizado al ritmo del IPC por lo que han perdido poder adquisitivo.

El aumento de los precios entre 2010 y 2013 ha sido del 7,3%. Si a esto se añade el IPC previsto para el próximo año, en el 1,5%, y la bajada salarial de 2010, el poder adquisitivo de los empleados públicos ha caído en torno al 15% desde 2010. Aunque la pérdida real es mayor porque en este periodo han subido todos los impuestos (retenciones de IRPF y tipos de IVA) y el dinero que les queda para gastar a final de mes se ha reducido sensiblemente. El cálculo de los sindicatos varía entre el 20% que estima UGT y el 30% de pérdida que defiende CSIF.

A esta merma en la remuneración se une la supresión de la paga extra de diciembre del año pasado, equivalente a una rebaja del 7%. El Gobierno la suspendió bajo el compromiso de devolverla a partir de 2015 mediante una transferencia en el fondo de pensiones siempre que la economía lo permita. Pero las organizaciones sindicales han llevado a los tribunales esta medida porque creen que afecta a derechos ya devengados.

La pérdida de renta es aún mayor si se cuentan las subidas de impuestos

El Ministerio de Hacienda aseguró ayer en un comunicado que “en materia retributiva, los empleados públicos mantendrán sus retribuciones en 2014. Además, tal y como había adelantado el presidente del Gobierno, se mantendrá el cobro de las dos pagas extraordinarias en 2014”.

La medida afectará a los 2.843.200 asalariados del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y personal del sector público empresarial puesto que la medida fue anunciada en la Mesa General de Negociación de la Administración Pública en la que están representadas todas las administraciones.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron que valoraron actualizar las nóminas por debajo del IPC pero finalmente, justifican, las exigencias de consolidación de las cuentas públicas les han obligado a congelarlas. El Gobierno tiene que rebajar el déficit público del 6,5% previsto para este año al 5,8% para el año que viene que se traduce en un ajuste de unos 7.000 millones.

“Esto es la gota que colma el vaso”, protestan los sindicatos

El coste de pagar el sueldo a los funcionarios de todas las administraciones públicas fue de 116.087 millones de euros (un 11% del PIB) durante el año pasado, lo que supuso una rebaja del 6% respecto al año anterior cuando ascendió a 123.550 millones. La mayor parte de este ahorro procedió de la supresión de la paga de Navidad aunque también tiene que ver la pérdida de puestos de trabajo en el sector público, unos 325.000 desde que comenzaron los grandes recortes en 2010. Solo el año pasado se perdieron 218.900 empleos en las administraciones, según la estadística registrada en la Encuesta de Población Activa (EPA). Solo en lo que va de año, la partida de sueldos y salarios del Estado ascendió a 8.766 millones de euros, lo que supone un descenso de la masa salarial del conjunto de efectivos del sector público del 2,2% durante los ocho primeros meses de este año respecto al mismo periodo del ejercicio precedente.

La congelación se extiende a todas las Administraciones

Las principales organizaciones sindicales (UGT, CC OO y CSI-F) censuraron ayer la medida anunciada por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Los sindicatos coincidieron en el mensaje al señalar que si el Gobierno está detectando una mejoría de la situación económica no se explican la congelación.

El presidente de CSI-F, Miguel Borra, señaló tras la reunión en Hacienda no ha habido “ninguna nota positiva”. Borra manifestó ante la prensa: “Esto es la gota que colma el vaso”. Y agregó: “Si España es cierto que empieza a atisbar la salida del túnel no puede ser que los empleados públicos seamos los primeros en sufrir los recortes y seamos los últimos en salir de esta crisis”. Desde UGT, Julio Lacuerda, se lamentaba de que el Gobierno vendiera como una buena noticia la congelación. “Eso es porque podría haber sido peor”, admitía al tiempo que aseguraba que la medida tendrá un impacto negativo en el consumo. “Un sector de más de 2,5 millones de trabajadores va a seguir viviendo en la inseguridad y soportando los ajustes”, concluyó.

Junto a los sueldos, se han deteriorado otras condiciones

El responsable de CC OO, Raúl Olmos, advirtió: “Estamos ante una tomadura de pelo por parte del Gobierno, ante lo que la ley marca como un proceso de negociación. Vamos a estudiar jurídicamente denunciar al Gobierno por incumplimiento de la obligación legal de la negociación del proyecto de ley de los presupuestos y por vulneración, en definitiva, del derecho a la negociación colectiva”.

La congelación del salario de los funcionarios no es el único revés que han sufrido los empleados públicos. El Gobierno recortó sus derechos el año pasado mediante la reducción de los moscosos (de seis a tres) y la supresión de los canosos (hasta cuatro). Estos son los días de libre disposición y de antigüedad que gozaban los trabajadores de la administración y que el Gobierno no descarta negociar junto a otras condiciones laborales en la próxima reforma de la Ley del Empleado Público.

El Gobierno también congeló el año pasado el dinero que los funcionarios y el personal laboral cobraban durante las bajas temporales. Hasta el año pasado, la mayoría de empleados públicos, cobraban la totalidad de su nómina cuando estaban de baja independientemente del tiempo en que estuviesen convalecientes. Desde 2012, el Gobierno estableció que entre el primer día de baja y el tercero, “se podrá reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el 50% por ciento de las retribuciones”. Entre el cuarto día y el 20, el salario, incluido el complemento, no podrá superar el 75% de las retribuciones. A partir del día 21 de baja y hasta el 90, se podrá satisfacer la totalidad de las retribuciones básicas. Además, se permitió a las Administraciones cambiar si es necesario los convenios colectivos que afecta al personal laboral (unos 690.000 empleados al servicio de las administraciones). Además, se limitaron las horas de representación sindical. En total, el Gobierno pretendía ahorrar con todas estas medidas 6.315 millones.