Bruselas impondrá una prórroga del rescate si España incumple el déficit

Ya hace tiempo que no es el Gobierno quien toma las decisiones fundamentales para la economía española. La férrea tutela de la troika (Comisión, BCE y FMI) empezó con la agónica petición del multimillonario rescate a la banca, en junio del año pasado. A apenas cuatro meses del final del programa, el Ejecutivo quiere recuperar las riendas a toda costa: necesita un éxito político y alega que ha hecho los deberes, que la situación ha mejorado, que no quiere más muletas y que España, en definitiva, ya es capaz de lidiar con la crisis sin ayuda externa. Ese deseo choca con las pretensiones de la troika, partidaria de mantener un colchón de seguridad para asegurarse de que España no sea un problema cuando vuelvan las curvas, que volverán. Los socios europeos han alcanzado en Vilna una solución de compromiso: se dan dos meses para decidir si España necesita acompañamiento cuando acabe el rescate. Esa decisión llegará el 15 de noviembre y básicamente, si no hay sorpresas desagradables, se tomará en función de un dato: Bruselas vincula el fin (o no) del rescate a que España esté en condiciones de cumplir estrictamente el objetivo de déficit, del 6,5% del PIB, explicaron ayer a este diario fuentes comunitarias.

Guindos reitera ante los socios que la extensión “no es necesaria”

“Si en noviembre España presenta cifras que confirmen que está en condiciones de respetar los objetivos fiscales, el Gobierno tendrá argumentos para no prorrogar el rescate y para rechazar medidas de acompañamiento más allá del Two Pack y el Six Pack [los intrumentos que tiene Bruselas para ejercer el control fiscal sobre los países]”, indicaron dichas fuentes. “En caso contrario, la presión está asegurada”, añadieron.

El problema para Madrid es que el cumplimiento de los objetivos fiscales está en el aire, al filo de la navaja, a juicio de Bruselas y Fráncfort. Si los datos se alejan de la meta fijada para este año, las dificultades para salvar las presiones de las instituciones europeas se multiplicarán. Pero las fuentes consultadas en el Ministerio de Economía aseguran que ese no es el escenario central que maneja Madrid: “El déficit no va mal, estará cerca del 6,5% del PIB porque hay mucho ahorro en el pago de intereses de la deuda. Los ayuntamientos ya se van incluso a superávit. Y en el plan de reformas solo queda la evaluación de la reforma laboral”. “Bruselas no puede decir nada”, añaden desafiantes.

Economía dice que el déficit “va bien” y que Bruselas no puede imponer nada

Ese es el discurso del Gobierno, en privado y también en público. Luis de Guindos volvió ayer a la carga en la capital lituana, al final de la reunión del Ecofin con el resto de ministros de la UE. Ante sus homólogos y los representantes de la Comisión y el BCE, dejó patente el nulo apetito de España por una extensión del rescate. El ministro negó que haya recibido presiones. Y rechazó de plano esas medidas: “España empieza a salir del foco. La prórroga no es necesaria porque, a diferencia de hace año y medio, el Tesoro se financia en los mercados a intereses atractivos y el programa ha funcionado: las dudas sobre el sistema bancario se han disipado en gran parte”, dijo tajante. O no tan tajante: “En todo caso, la decisión llegará en noviembre. Países como Irlanda sí van a tener medidas de acompañamiento. En nuestro caso lo iremos viendo”.

Fuentes comunitarias consideran que la incipiente recuperación juega a favor de España, así como la caída del coste de financiación en los mercados. En contra están las últimas cifras publicadas, de julio: en siete meses el déficit del Estado central superaba ya el límite fijado para todo el año. Pese a que Economía asegura que está en condiciones de cumplir sus metas, la última evaluación del BCE —tal vez la institución clave en todo el asunto— no es precisamente optimista: el Eurobanco ve difícil que se cumpla el objetivo del 6,5% del PIB. “Dependerá de una recuperación más acusada de las bases impositivas”, del incremento del consumo y la recuperación del empleo, según el boletín presentado esta semana. El BCE advierte de que en España está previsto que una serie de medidas de consolidación fiscal “desaparezcan o se relajen en los últimos meses del año”. Y las mismas dudas se dejan sentir fuera de las instituciones: “A pesar de la complacencia del Gobierno, sin medidas extraordinarias —que tendrían un alto coste político porque contrastan con el mensaje actual del Ejecutivo—, el déficit puede irse de nuevo al entorno del 8% del PIB”, apunta el economista José Carlos Díez, de Icade.

España vuelve a la casilla de salida: Bruselas quiere que Madrid se asegure de embridar las cuentas públicas antes de abrir la mano. La banca, ahora, parece menos preocupante. Las fuentes consultadas apuntan que el examen del Banco de España sobre refinanciaciones no deparará sorpresas, con necesidades de capital asumibles, limitadas básicamente a Catalunya Caixa y Novagalicia. “Los exámenes del BCE van para más largo, tendrán menos incidencia en la decisión de acompañar la salida del rescate”, cerraron fuentes comunitarias.