Evo Morales nacionaliza cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia

Esta vez no eligió el Primero de Mayo para anunciar la nacionalización de una empresa, como ha sucedido en la mayoría de los casos hasta ahora. El presidente de Bolivia, Evo Morales, decretó este sábado la expropiación de las cuatro filiales con las que opera Iberdrola en el país latinoamericano —dos distribuidoras de electricidad en las regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones— alegando que cobraban más del doble a los consumidores de las zonas rurales.

Se trata de la segunda nacionalización que tiene como objetivo una empresa española en menos de ocho meses en Bolivia. En mayo pasado, Morales expropió la firma Transportadora de Electricidad, de Red Eléctrica, que todavía no ha sido compensada. “Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para que las tarifas del servicio eléctrico sean equitativas y la calidad sea uniforme en el área rural y en el área urbana”, manifestó Morales. Un contingente de 740 policías fuertemente armados fue desplazado a 28 puntos estratégicos de La Paz y Oruro para resguardar la distribución eléctrica.

"Hemos hablado con la empresa, hemos dialogado con la empresa, que se rebaje a todos, que asuma su responsabilidad social como empresa, son españoles. Cuatro meses de negociación sin resultado", dijo Morales en un acto con productores de hoja de coca de la región central de Cochabamba en el Chapare, su feudo político y sindical.

Iberdrola reaccionó de forma prudente a la espera de conocer los detalles de los decretos expropiatorios y se limitó a señalar que espera que el Gobierno “pague el valor real” de sus participaciones. En el decreto, se da un plazo de 180 días para que un tasador independiente decida la compensación. Y aunque la eléctrica no lo haya cifrado, expertos independientes dan un valor de mercado a las filiales expropiadas de 100 millones de dólares (unos 75 millones de euros).

A falta de conocer los detalles del decreto, la medida expropiatoria podría tener aún más alcance, y salpicar a otras empresas españolas y extranjeras. Iberdrola opera en el país a través del holding Iberbolivia de Inversiones, del que posee el 64%. El resto está en manos del fondo Paz Holding, en el que participan entre otros inversores General Electric Capital, Mission Funding y Structure Finance.

La ministra boliviana de comunicación, Amanda Dávila, ha asegurado durante la madrugada del domingo en declaraciones a la cadena Ser que el Gobierno de Morales va a "pagar correcta y justamente el precio de la empresa" para resarcir las inversiones que se han hecho. 

Iberbolivia de Inversiones posee el 89,5% de las acciones en la Empresa de Electricidad de La Paz (Electropaz), donde también participa el Banco Santander, con el 10% del capital, y el 92,8% de la Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo). Las compañías expropiadas suponen alrededor del 0,2% del negocio de Iberdrola: unos seis millones de euros del beneficio total (2.804 millones en 2011).

El presidente Morales considera que las empresas nacionalizadas han “centralizado sus servicios en las áreas urbanas” relegando la atención a las áreas rurales del altiplano, donde los pobladores están diseminados en áreas extensas y conforman grupos poco densos.

Según el gobernante de izquierdas, esta falta de atención ha obligado a la creación de pequeñas cooperativas y empresas rurales que han prestado servicios deficientes, desiguales y con tarifas muy diferenciadas entre sí y en relación a las áreas urbanas.

La viceministra de Electricidad, Hortensia Jiménez, anunció tras la expropiación que una de las tareas prioritarias es la de reducir las tarifas hasta un 50%. Con esta nacionalización todo el sistema de servicios eléctricos, desde la generación hasta la distribución domiciliaria, queda en manos de la Empresa Nacional de Electricidad.

Los empresarios de Bolivia han lamentado que el Gobierno haya asumido la expropiación de empresas extranjeras justamente en el momento en que se está discutiendo una nueva ley de inversiones para atraer nuevas inversiones.

Nacionalizaciones desde 2006

Desde que llegó al poder en mayo de 2006, el presidente Morales ha llevado adelante una política de nacionalizaciones con la idea de recuperar todas aquellas empresas de servicios y de producción de bienes —como la del cemento por ejemplo— que antes de la década de los noventa pertenecían al Estado boliviano y que después han sido vendidas en un 50% de sus acciones a inversionistas privados, con el fin de aliviar el enorme déficit que generaban al Tesoro del país las empresas que incurrieron en aparatosa burocracia, onerosos gastos y se habían convertido en verdaderos botines políticos hasta su venta parcial.

Morales ya expropió en 2010 las acciones de cuatro empresas generadoras de electricidad, incluidas dos filiales de la francesa GDF Suez y la británica Rurelec, que inició un arbitraje a Bolivia en la Corte de La Haya por esa medida.

Además de las eléctricas, el mandatario ha nacionalizado una quincena de empresas de hidrocarburos, cementos y minas, entre otras, desde que llegó al poder en 2006.

Pero con la expropiación de las filiales de Iberdrola, el Gobierno boliviano ha ampliado su política de nacionalizaciones a una empresa que ha sido privada históricamente. La eléctrica española controlaba los mercados minoristas de esas ciudades desde la década de 1990, cuando compró parte de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica, una firma que fue fundada por un grupo de inversores privados estadounidenses a principios del siglo XX.