CatalunyaCaixa y Novagalicia abren otro boquete de 9.000 millones

La factura del ladrillo en la banca española no deja de crecer. Para sorpresa de los ciudadanos, de las autoridades comunitarias y de los inversores internacionales, el montante de lo perdido tras el estallido de la burbuja inmobiliaria adquiere un tamaño inquietante. Y, lo que es peor, no se vislumbra el final, la última cifra que frene la desconfianza internacional cuando se debate sobre el rescate bancario de España.

La última sorpresa tuvo lugar este jueves en la comparecencia a puerta cerrada del subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui. El supervisor afirmó que las nacionalizadas CatalunyaCaixa y Novagalicia necesitarán 9.000 millones adicionales de ayuda pública para cumplir con los dos decretos de saneamiento aprobados en febrero y mayo por el Gobierno y cubrir necesidades de capital existentes al cierre de 2011 de unos 900 millones en la caja gallega y de unos 700 en la catalana.

Ante la subcomisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el Congreso, Aríztegui detalló que las necesidades de cada una de las entidades se elevan a unos 4.500 millones, según fuentes parlamentarias. Estas cifras no incluyen el saneamiento de otras carteras, con los que criterios como los aplicados en Bankia podrían elevar las necesidades de capital público en varios miles de millones más. El Estado ya ha inyectado capital por 2.465 millones en Novagalicia Banco, donde tiene un 93% de las acciones, y 2.968 millones en Catalunya Caixa, donde también tiene el control total.

Aríztegui aclaró que se trata de inyecciones de capital del Estado, no de pérdidas, ya que no se sabe qué va a pasar en futuro con estas entidades. La entidad catalana está en un proceso abierto de venta, mientras que la gallega tiene hasta septiembre de plazo para encontrar inversores privados o será subastada. Si no hubiera compradores, ambas podrían formar parte de un banco público, bien dentro de Bankia o de manera independiente.

Aríztegui insistió en que las únicas pérdidas reales del Estado por la crisis financiera son 300 millones, que es el 70% de lo que se inyectó en su día en CajaSur, que terminó vendida a la BBK.

Estos datos se han conocido al tiempo que se desvelaba que el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) determina que las necesidades globales de capital para la banca española rondan los 40.000 millones. Para el lunes, cuando se haga público el informe oficial, las autoridades españolas habrán avanzado las negociaciones con Bruselas para determinar la fórmula de ayuda europea para la banca, a través del fondo de rescate, el FROB.

Todo este proceso será pilotado por el nuevo gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que sustituirá a Miguel Fernández Ordóñez, que ha adelantado un mes su marcha por el enfrentamiento con el Gobierno.

A los pocos días de llegar Linde, se conocerá la valoración de las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger, que servirán de base para confrontar las necesidades del sector y para que el Gobierno adopte sus próximas decisiones en este campo. En caso de apostar por la unión de las entidades nacionalizadas, Bankia, Catalunya y Novagalicia crearían el mayor banco de España.

Semana de visitas a CatalunyaCaixa

El banco catalán que preside Adolf Todó aseguró este jueves que dispondrá de “todo el capital necesario para cumplir con las provisiones exigidas” por los decretos del Gobierno, ya sea porque los cubrirá el comprador o, en caso de la subasta fracase, el FROB. De todos modos, esta semana por los despachos de CatalunyaCaixa están pasando responsables de las principales entidades que se han presentado a la subasta: Santander, BBVA, Popular, Sabadell, Kutxabank y el fondo JC Flowers.

Los bancos interesados tienen el libro de venta de la entidad catalana y la sala de datos virtual de CatalunyaCaixa ha recibido ya más de 16.000 consultas. Fuentes del sector aseguran que se ofrecerá un esquema de protección de activos (EPA) sobre una cartera de cerca de 23.000 millones, de los cuales 20.000 millones están en balance y otros 3.000 fuera. Estos últimos corresponden sobre todo a participadas. La entidad matiza que los activos realmente problemáticos suman 12.000 millones.