Abdul se libra por tercera vez del desahucio en Parla

Un bote de kétchup, otro de mostaza, dos triciclos infantiles de plástico y varias notificaciones de Correos. Estas eran las pocas pertenencias de Abdul Rahim y su familia que quedaban en la mañana de ayer en su piso, en la humilde calle de Jericó, en el municipio madrileño de Parla. Un piso de tres habitaciones bastante viejo que el banco, al concederle la hipoteca, tasó en 230.000 euros y cuya hipoteca Rahim dejó de pagar hace dos años, cuando este obrero de la construcción se quedó en el paro.

Rahim había ayer sacado sus cosas del piso porque estaba convencido de que, esta vez, iba a efectuarse su desahucio. Pero no ha sido así. La presencia de periodistas y de simpatizantes (menos que otras veces, sumaban una veintena, de los que cinco habían pasado la noche en la vivienda ante la posibilidad de que la policía acordonara preventivamente la calle muy temprano) ahuyentó al representante del banco, que dio media vuelta y se marchó al verse enfocado por cámaras de medios de comunicación. La comisión judicial, que ayer acudía por tercera vez ante la casa de este inmigrante de Guinea-Conakry de 50 años, negoció con el abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Rafael Mayoral, una prórroga de un mes.

Cuando los miembros de la comisión se fueron, Rahim dio las gracias a todo el mundo. Recibió y dio apretones de mano, aunque la preocupación no se le había ido del rostro. El mes de gracia aplaza pero no soluciona sus problemas. Rahim -que ingresa 287 euros de renta de inserción- no tiene un plan B, un sitio al que poder acudir con los suyos -la mujer y tres hijos- cuando les echen del piso. Eso, a pesar de que cuenta con una ayuda que, tras mucho insistir, le han concedido en servicios sociales: 300 euros en principio mensuales, aunque solo los ha cobrado una vez. "Llamo a todos los teléfonos que veo en locutorios, pero nada", se duele. "Encontré una habitación en casa de una ecuatoriana, pero no nos dejaba usar la cocina y luego nos echó, así que tuvimos que volver aquí. Llamo y llamo pero nadie quiere. Me piden el contrato, que no tengo, y cuando digo que somos cinco personas no quieren. No es fácil... Necesitamos ayuda".

Hoy en Torrejón, otro inmigrante venido de lejos espera también su desahucio. Se trata de Luis Mendes, de Guinea-Bissau, padre de ocho hijos que viven en su país. El 24 de noviembre logró frenar su desalojo gracias al apoyo popular. Hoy volverán para intentar ayudarle voluntarios de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y simpatizantes con su causa procedentes de la asamblea 15-M de Torrejón.