El Gobierno lleva al Constitucional la incompatibilidad de los alcaldes
La ley quedará en suspenso cuando el alto tribunal admita a trámite el recurso
El 23 de noviembre pasado el Parlamento andaluz, con los únicos votos del PSOE, aprobó una reforma de la Ley Electoral que prohíbe a los alcaldes ser también diputados de la Cámara autónoma. La norma cayó como una bomba en el PP de Javier Arenas, quien ha usado siempre a sus regidores como gancho electoral. Sostuvo un martilleo constante en contra e incluso logró introducir el término "expulsión" para referirse a la incompatibilidad de ambos cargos. Pero desde que la reforma obtuvo el visto bueno, se hizo el silencio: Arenas tenía un as en la manga. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que preside el diputado por Sevilla Cristóbal Montoro, llevó ayer al Gobierno un informe para presentar un recuso ante el Tribunal Constitucional que anule la ley.
El PP ha medido los plazos para que los regidores sean en abril diputados
El Consejo de Ministros conoció ayer la iniciativa de Cristóbal Montoro
Los plazos están muy medidos, según precisaron fuentes del PP, para que los alcaldes populares puedan volver a incorporarse sin problemas al Parlamento, una vez que se constituya tras las elecciones andaluzas de marzo. El Gobierno formalizará el recurso en unos días, aseguran las mismas fuentes, y en cuanto el Constitucional lo admita a trámite, la reforma de la ley queda suspendida de forma cautelar. Esta prohíbe simultanear los cargos, pero no figurar en las listas. Es decir: los primeros ediles pueden formar parte de las candidaturas, aunque en el momento de tomar posesión deben optar por un puesto u otro. Si las elecciones andaluzas son el 25 de marzo, la Cámara no se constituirá hasta los primeros días de abril. Para entonces, el alto tribunal habrá decidido ya si admite a trámite o no el recurso del Gobierno.
La incompatibilidad tiene un precedente en la ley gallega, que es aún más dura e impide a los alcaldes figurar incluso en las papeletas, o lo que es lo mismo, son inelegibles. Aprobada en 1992, bajo el mandato de Manuel Fraga, la norma gallega empezó a contar desde 1994 y ningún grupo la ha recurrido.
A este hecho, a que no ha sido puesta en cuestión, se agarran los populares para tener expectativas en su acción judicial, si bien los socialistas sostienen que es difícil que el Tribunal Constitucional vuelva del revés una ley cuya práctica tiene un historial de más de tres lustros. Pero lo transcendente en este caso no es el resultado final, sino que mientras se resuelve el recurso, los alcaldes del PP habrán tenido tiempo de firmar sus actas parlamentarias.
De los 47 parlamentarios que engrosan la bancada popular del la Cámara autonómica, 17 son regidores, la mayoría de capitales y grandes poblaciones. Javier Arenas ha aprovechado siempre las caras más conocidas de sus munícipes para optimizar sus resultados electores. De hecho, han sido piezas fundamentales de su estrategia tanto para el 20-N como para la convocatoria andaluza. Un vistazo a los escaños del PP da una idea del quebranto que supondrían prescindir de esta baza en las autonómicas: Juan Ignacio Zoido (Sevilla), Pedro Rodríguez (Huelva), José Antonio Nieto (Córdoba), José Fernández de Moya (Jaén), Ángeles Muñoz (Marbella), o Esperanza Oña (Fuengirola).
Aunque los populares anunciaron, cuando se aprobó la reforma de la Ley Electoral, que acudirían al Constitucional, los socialistas nunca pensaron que el demandante sería el mismísimo Gobierno. En este caso, según explicaron fuentes del PP, el tratamiento es preferente y la admisión a trámite significa la suspensión cautelar inmediata de la norma cuestionada, lo que no ocurriría si la iniciativa partiera del grupo parlamentario.
El recurso se interpondrá, además, contra la ley que regula el estatuto de los expresidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos. Respecto a esta última, el recurso se ceñiría exclusivamente contra el artículo que se refiere a la Ley Electoral de Andalucía.
Las luces rojas se encienden en la Junta
En la Junta y en el PSOE se encendieron ayer las luces rojas. No solo por el cariz de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros -que según el Ejecutivo andaluz, hacen recaer el ajuste sobre las clases medias-, también porque, sostienen, detectan cierta predisposición hacia las comunidades autónomas. La alarma se puso en marcha al leer la referencia que cuelga Moncloa en su web, y darse cuenta de que uno de los puntos decía: "Eliminación de la financiación prevista en los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Castilla y León, Baleares y Cataluña".
Las cuatro autonomías se encuentran entre las que han reformado recientemente sus estatutos de autonomía y han incluido cláusulas para cuantificar las inversiones del Estado. En el caso de Andalucía, se trata de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, que establece que la inversión destinada a la comunidad en cada uno de los Presupuestos Generales, hasta 2014, debe ser equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado, es decir, al menos el 17,8%.
El revuelo organizado tanto en Andalucía como el resto de las autonomías por el recorte forzó una marcha atrás. Pasadas las siete de la tarde, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que preside el diputado por Sevilla Cristóbal Montoro, emitió un comunicado de rectificación con el siguiente enunciado: "No se ha modificado la financiación prevista en los Estatutos de Autonomías de ninguna comunidad autónoma". Simultáneamente, la referencia que figuraba en la web de Moncloa sobre la eliminación desapareció.
Para entonces, la consejera andaluza de Hacienda, había tomado un taxi desde su domicilio hasta el Palacio de San Telmo para realizar unas declaraciones urgentes. "Detrás de esto está la voluntad del Ejecutivo de incumplir el Estatuto de Autonomía y de incumplir los acuerdos de la Comisión bilateral", dijo. "Aquí hay 1.504 millones de euros que se ha reconocido por parte del Estado que se adeuda a Andalucía, parte debido a la falta de inversión en 2008 y 2009 a la que Andalucía tiene derecho y que no va a dejar de defenderlo". La consejera se refería al acuerdo de pago firmado en septiembre sobre inversiones sin ejecutar.
Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, denunció: "Parece que el Gobierno está legislando contra Andalucía".
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