Un plan urgente para las pymes

El Banco de España presentó hace dos semanas los resultados de la Central de Balances correspondientes a 2010 y el avance de los tres primeros trimestres de 2011. Un trabajo riguroso cuyas conclusiones confirman el sentimiento general respecto a la economía española: tras una ligera recuperación en 2010, las empresas españolas han vuelto a sufrir la crisis de forma preocupante. Y dentro de estas, las pequeñas y medianas empresas, las pymes, han llegado a una situación límite, porque no llegaron a recuperarse de la crisis de 2008 y 2009 y han recibido la recaída del 2011 sin margen de maniobra.

El conjunto de las pymes españolas ha visto cómo caía su beneficio durante los cinco últimos años, desde 2007 hasta 2011, lo que ha provocado que lleguen a una situación de descapitalización que hace muy difícil su supervivencia. A los ya conocidos problemas de financiación, hay que sumar los efectos de la morosidad, la rigidez del régimen laboral y del sistema fiscal y, por supuesto, la caída del consumo interno en nuestro país. El nuevo Gobierno que se forme el próximo 22 de diciembre debería plantear un plan urgente de fomento de las pymes, que representan más del 99% del tejido empresarial y generan el 92% del empleo en España.

Las condiciones de financiación se han endurecido para tres de cada cuatro pymes

Las pequeñas y medianas empresas representan más del 99% de las sociedades y el 92% del empleo

Según los últimos datos del Directorio de Empresas (Dirce) del Instituto Nacional de Estadística, el número de empresas activas en España es de 3,25 millones, al concluir 2010, con una caída del 1,5% respecto al año anterior (tercer año consecutivo en el que se reduce el número de empresas vivas). De ese total, 1,79 millones son sociedades sin asalariados y 1,38 tienen menos de 20 empleados.

Nadie pone en duda, a estas alturas, que las pymes representan en nuestro país una parte importante de la actividad económica. Y no solo en España; en la Unión Europea, las microempresas y las pymes representan el 99,9% del total y generan el 71,9% de los puestos de trabajo. Tan solo en Alemania y Reino Unido las grandes empresas emplean a más del 30% de la población ocupada.

Con estos datos, resulta curioso que en unos momentos de fuerte crisis económica y grave situación del empleo en Europa, las autoridades de la UE no hayan planteado medidas de fomento, o incluso de salvamento, de las pequeñas y medianas empresas, que son el auténtico motor de la economía del viejo continente. Las propuestas se han ceñido al ajuste fiscal, el saneamiento financiero y las reformas estructurales, y aunque estas últimas incidirán a medio plazo en la recuperación del crédito y la mejora de la competitividad no son suficientes para mantener con vida a este sector.

En el caso español, durante la pasada campaña electoral, la mayoría de los partidos políticos han incluido en sus programas medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Lo hacen en todos los procesos electorales, aunque no siempre cumplen sus promesas. Además, esta vez era una buena fórmula para distraer la atención de los recortes fiscales que tendría que plantear el partido vencedor.

De cualquier forma, ya han pasado las elecciones y el nuevo Gobierno, que además contará con una amplia mayoría absoluta para poder legislar con comodidad, debería presentar entre sus primeras propuestas un paquete de medidas de ayuda a las pymes. Este plan debería afrontar los siguientes problemas:

1. Financiación. Es, sin duda, el primer problema de la empresa en España, con unos efectos demoledores sobre las pequeñas y medianas empresas. Este tipo de empresas lleva cuatro años con el agua al cuello por el cierre del grifo crediticio de bancos y cajas de ahorros, que les dificultaba la financiación del circulante. Además, la caída de sus beneficios (muchas de ellas han entrado en pérdidas), ha llevado a un porcentaje muy alto de ellas a descapitalizarse para mantener su actividad.

Además de los datos contenidos en la Central de Balances del Banco de España, el 1 de diciembre, el Banco Central Europeo publicó un informe con los resultados de la encuesta sobre el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas de la zona euro entre abril y septiembre. Menos de la mitad de las pymes españolas logró los créditos solicitados y tres de cada cuatro han tenido que afrontar un mayor recrudecimiento de las condiciones de financiación.

Por todo ello, es urgente que se tomen medidas para que el crédito vuelva a estas empresas. Además de movilizar al Instituto de Crédito Oficial, sería deseable reforzar el papel de las sociedades de garantía recíproca o del capital riesgo, como solicitaba hace pocas semanas el Círculo de Empresarios, o lo vienen haciendo durante meses las Cámaras de Comercio y la propia Cepyme.

2. Cobro de deudas de morosos. En este mismo blog comentábamos en el mes de mayo que las administraciones públicas deben a las empresas más de 35.000 millones de euros y que el retraso general en los pagos supera los seis meses. La Ley de Morosidad de julio de 2010 reducía a 30 días el plazo de pagos de las administraciones públicas y es urgente su implementación, tanto para el sector público como el privado.

3. Fiscalidad. Las mayoría de las organizaciones empresariales lleva años solicitando una fiscalidad específica para las pequeñas y medianas empresas, que incluya una rebaja en el tipo de Impuesto de Sociedades, incentivos fiscales a la contratación y una reforma en el pago del IVA, para que no se ingresen las cuotas hasta que se hayan cobrado las facturas. Estas y otras medidas serían deseables de forma inmediata.

4. Marco laboral. El nuevo Gobierno debería también, a la hora de llevar a cabo las reformas del mercado laboral y la negociación colectiva escuchar a los representantes de las pequeñas y medianas empresas para incluir modificaciones específicas que ayuden a estas empresas a contratar en condiciones especiales y poderse descolgar de los convenios nacionales o sectoriales ante situaciones específicas.

5. Otras reformas. Y, por supuesto, el plan de ayuda a las pymes debería incluir todas aquellas reformas estructurales que mejoren la competitividad de las empresas.